La Policía Nacional ha detenido a 65 personas por defraudar en torno a 300.000 euros a la Seguridad Social en el marco de la operación Cierre, en la que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones. Esta actuación, desarrollada en Córdoba y la provincia, se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito por los ministerios de Interior y de Empleo y Seguridad Social para la lucha contra el empleo irregular y el fraude, y su resultado fue presentado ayer a los medios de comunicación por el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado; el comisario jefe, Jesús Gómez, y el inspector y jefe de grupo de Extranjería, Julián Cárdenas, que ha conducido la investigación.

Este último explicó que una treintena de los investigados son extranjeros procedentes de países de la Unión Europea y el resto son españoles. También detalló que, para la comisión de los delitos, se habrían impulsado en los años 2013 y 2016 dos empresas ficticias dedicadas a la agricultura y la prestación de servicios. A través de estas firmas, se habrían producido contratos de trabajo o altas laborales ficticias con dos objetivos: lograr inscribirse en el registro de ciudadanos de la UE, en el caso de los extranjeros, para regularizar su situación en España, y cobrar prestaciones públicas como el desempleo o la de maternidad en el caso de los nacionales. De este modo, la cuantía defraudada corresponde principalmente a lo cobrado indebidamente por españoles.

Cárdenas informó de que hay 104 personas implicadas, los 65 detenidos citados y otras 39 investigadas, y los delitos que podrían haber cometido son fraude a la Seguridad Social y falsedad documental. Además de esto, señaló que «se sigue con los flecos de la operación», ya que «estamos viendo las conexiones con otro tipo de empresas y hay otros trabajadores que no hemos podido localizar, y estamos analizando qué grado de implicación tenían».

En esta línea, el comisario jefe de la Policía Nacional, Jesús Gómez, destacó que Cierre comenzó el pasado mes de abril y ha finalizado ahora, «pero todavía hay personas a las que estamos investigando y que posiblemente habrá que detenerlos».

De su parte, Juan José Primo Jurado recordó que desde el año 2013, cuando se promovió el acuerdo entre los dos ministerios, se han desarrollado 14 operaciones en Córdoba, en las que se han contabilizado un total de 309 detenidos y se ha detectado una defraudación de alrededor de cuatro millones de euros.

Asimismo, destacó la asistencia a la presentación de la última actuación policial de la directora de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, y coordinadora de la comisión antifraude, Marta Núñez; la jefa de Inspección de Trabajo, Carmen Aumente; el director del Instituto Nacional y de la Tesorería General de la Seguridad Social, José María Chica; la directora del Servicio Público de Empleo Estatal, Isabel Prieto, y la jefa de Extranjería de la Subdelegación, Araceli Avilés, y manifestó que «todas estas patas de la Administración del Estado han colaborado con la Policía Nacional en Córdoba para lograr la operación Cierre».