El historiador Antonio Barragán señaló ayer algunos de los problemas que presentaba la ley de memoria histórica aprobada por Zapatero en el 2007. El principal, a su juicio, era que se dejaban las exhumaciones en manos de particulares y sin que las administraciones tuvieran ninguna responsabilidad --algo que según Barragán se ha solventado en la ley andaluza de 2017 al establecerse un protocolo de actuación--, y que no se pudieron declarar como nulos los juicios y consejos de guerra. Barragán que actualmente está estudiando este tema en el Archivo Histórico Militar de Sevilla, estima que a unos 18.000 cordobeses se les abrió un consejo de guerra; y que a unos 11.000 más se les aplicó la ley de responsabilidades políticas del 39, «una ley de reprensión que iba contra el patrimonio familiar de los encausados». El historiador recuerda, además, que la represión se amplió con las leyes del 40 y 41, «porque el 1 de abril del 39 lo que vino no fue la paz, sino la victoria». De hecho la dictadura estableció un entramado jurídico para sistematizar la represión que incluyó los consejos de guerra, la ley de depuración de empleados públicos, las juntas de incautación de bienes, el tribunal especial contra la masonería y el comunismo, los tribunales de responsabilidades políticas y, más cercano en el tiempo, el tribunal de orden público. «La aplicación, en medio de un contexto de aislamiento nacional y de precariedad económica, de una serie de políticas entre las que ocupaba un lugar importante la política represiva situó a este país en la autarquía económica y sin ningún reconocimiento político, hasta que la guerra fría no recolocó el tablero internacional».
