«La sentencia ya es firme y se habrá de ejecutar. Es muy difícil que Gómez se escape de la cárcel». Así se pronunciaron ayer fuentes judiciales al ser preguntadas por el futuro que marca para el empresario la resolución de la Audiencia Provincial. Desde la propia Fiscalía ya advirtieron al conocerse el fallo del juzgado de lo Penal 3, en febrero, que si se confirmaba la sentencia, Gómez, condenado a una pena de dos años y nueve meses de prisión y a otra de dos años y seis meses, tendría que cumplir la suma, es decir, cinco años y tres meses de cárcel. Es más, en caso de impago de las multas de casi 112 millones se le sumarían seis meses más de privación de libertad.
De momento, «aún pasarán unos meses» antes de la ejecución de la sentencia, explicaron las fuentes consultadas. Ahora, la Audiencia tendrá que devolverla a Penal 3 y este juzgado, que fue el que la dictó, dar traslado a las partes para que se pronuncien sobre el cumplimiento o suspensión de las penas. Posteriormente ordenará, con toda probabilidad, la ejecución.
Eso sí, los plazos se alargarán. De un lado, «porque estamos a las puertas del periodo vacacional» de agosto en los juzgados y, de otro, porque a Gómez aún le quedaría dar dos pasos más para intentar retrasar su más que probable ingreso en prisión. Lo más lógico es que el empresario, explicaron las fuentes consultadas, pida el indulto y que se suspenda la pena mientras se tramite este, aunque si no hay reparación del daño es improbable que se conceda esta posibilidad. Además, Gómez podría recurrir al Constitucional en amparo por vulneración de derecho fundamental, algo a lo que los expertos auguraron ayer un «escaso recorrido» y que, además, «no paraliza la ejecución».
De momento, Gómez se encuentra en libertad provisional, con el pasaporte retirado y cada 15 días está obligado a presentarse ante el juzgado. Estas medidas se le impusieron después de que el pasado febrero la Fiscalía pidiera prisión preventiva para el empresario, eludible con el pago de una fianza de 3 millones de euros.
Gómez ya fue condenado en el caso Malaya por un delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida más tarde por el pago de 3.600 euros, y multa de 150.000 euros. En este caso se le ha condenado por dos delitos fiscales: uno por el impago de 25,5 millones de euros correspondiente al impuesto de sociedades de Arenal 2000 y otro de 3,2 millones de Arenal 2001, ambos en el 2006. En la sentencia, el magistrado consideraba las penas «proporcionadas a la gravedad objetiva del hecho».
