Francisca Urbano, la que fuera tesorera y presidenta durante un corto periodo de tiempo de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de Córdoba (UMEC), aseguró ayer que esta asociación era «el negocio» de María Fernández Pino, expresidenta a la que se juzga estos días por un delito de apropiación indebida junto a la exsecretaria general, Auxiliadora Figueras. Ante las preguntas de la acusación particular y la Fiscalía, Urbano aseguró que cuando llegó al cargo de presidenta se dio cuenta de que en la asociación «no había libro de cuentas y nadie asumía las funciones de contabilidad», señalando que aunque solicitó información al respecto nadie se la proporcionó. Ante la mirada atenta de María Fernández Pino, sentada a su lado, Urbano explicó que encargó una auditoría interna para aclarar «el caos» que había en las cuentas, alertada también por que una de las empleadas le preguntó si le tenía que dar dinero a ella de su sueldo como hacía con Fernández Pino.

Tras asegurar que «antes de ser presidenta no tenía ni idea de lo que pasaba, o no me meto allí», la extesorera declaró que, a diferencia de la expresidenta acusada, ella nunca cobró dietas, que la cantidad de 2.000 euros estipulada para Fernández Pino «no estaba justificada» por su actividad y que «ninguna junta directiva autorizó el crucero por el Mediterráneo» que realizaron ella y la secretaria general. La testigo, sin embargo, ha declarado que Figueras, por lo que ella conocía, no habría cometido abusos, exculpándola, en cierta forma, de los cargos.

Según ha tenido conocimiento este periódico, tres asociadas de la Umec habrían retirado su acusación particular, en concreto, Dolores Angradema López, Basilia del Río y María de Gracia Lucena. Las acusaciones solicitan contra las acusadas cuatro años de cárcel y multas de 10.800 euros.Está previsto que el juicio continúe los miércoles y jueves hasta el próximo 22 de febrero.