La tercera sesión del juicio que se está realizando contra Rafael Gómez, empresario y exconcejal de Unión Cordobesa, y sus cuatro hijos por un presunto fraude de casi 60 millones de euros a la Hacienda pública finalizó ayer sin entrar en los delitos denunciados.
Dos de los testigos de la defensa trataron sobre una supuesta falta de rigor en la gestión de gastos y un tercero, un inspector de Hacienda, fue interrogado por dos sanciones impuestas a dos empresas.
El primero de los testigos, un empresario, admitió haber vendido unos terrenos a Rafael Gómez en Torremolinos (Málaga) sin incluir en la escritura de compraventa una señal de 300.000 euros entregada por el exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba. Esta persona, además, confirmó que tampoco se regularizó esta situación tiempo después. De otro lado, un abogado fue preguntado por los desarrollos urbanísticos realizados por el grupo Arenal y confirmó que es habitual la introducción de ornamentaciones características, llegando a destacar que en algún caso la partida no estuvo contemplada. En concreto, fue consultado por la puerta instalada en la urbanización realizada en Carrera del Caballo y por las estatuas en Puerto Marina (Benalmádena).
De otro lado, el inspector de Hacienda Ignacio Méndez fue interrogado por la calificación de la sanción impuesta a Arenal 2001 y Arenal 2000 como infracción leve por el impuesto de Sociedades del año 2003. Este testigo, que en aquel momento era inspector regional de Hacienda en Sevilla, recordó que «estas actas se suspendieron o se iban a suspender, por prejudicialidad penal», en referencia al procedimiento que se está desarrollando ahora. La próxima semana, los peritos abordarán los delitos de los que se acusa a Rafael Gómez y a sus hijos.
