El titula del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Córdoba, Rafael García Salazar, ha suspendido de forma cautelar el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba del 11 de noviembre del 2016 por el que se rebajaba de 37,5 a 35 horas la jornada semanal laboral de los trabajadores municipales. De esta forma, el auto judicial da respuesta al recurso presentado por la Abogacía del Estado sobre las medidas para la conciliación laboral y familiar y la recuperación de derechos de los empleados municipales, que acordaba con carácter general y cualquiera que fuera la distribución de la jornada ordinaria o normal de trabajo, un margen de 15 minutos para el cumplimiento del horario y 15 para el de salida.

El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, dijo ayer que el Ayuntamiento de Córdoba acata el auto judicial y que no lo recurrirá, lo que significa modificar el horario de 35 horas establecido desde el pasado 1 de enero a las 37,5 horas semanales.

En el auto, el juez atiende la petición hecha por la Abogacía del Estado en base a que «el interés de la Administración del Estado en la defensa de la igualdad de condiciones de los empleados públicos y, en definitiva, los principios de estabilidad presupuestaria y contención del gasto adoptados con carácter general para todas las administraciones públicas que subyacen en la fijación de las jornada, deben prevalecer sobre el interés también público defendido por la Administración local en la organización de sus servicios, e incluso de los propios trabajadores en orden a la conciliación de la vida familiar y laboral».

PSOE, GANEMOS E IU, A FAVOR // El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 11 de noviembre del 2016 esa reducción horaria de 2,5 horas a la semana con los votos a favor de los grupos del PSOE, Ganemos e IU, mientras que el PP, Ciudadanos y UCOR se abstuvieron. La propuesta salió adelante a sabiendas de que la jornada general de trabajo en el sector público quedó establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2012 en 37,5 horas, pero el equipo de gobierno, con el fin de garantizar la flexibilidad horaria adecuándola a las necesidades derivadas de la conciliación de la vida laboral y familiar y en virtud de la potestad de autoorganización de las administraciones públicas en materia de jornada, se consideró «oportuno y conveniente» que por la Corporación se adoptara ese acuerdo de rebajar de 37,5 a 35 horas la jornada en beneficio del personal. Una vez adoptado el acuerdo, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba anunció que lo recurriría, como así ha sido a través de la vía administrativa y luego judicial.

«LLAVES PARA RAJOY» // Tras conocer al auto judicial, Aumente dijo que «el Gobierno del PP es muy restrictivo en materia de personal, porque no solo ha recurrido todos los acuerdos sobre contratos de personal, sino que ante cualquier movimiento de recuperación de los derechos de los trabajadores lo ha impugnado, algo que no se ha hecho con otros ayuntamientos». Añadió que la única alternativa que queda «es entregarle la llave a Rajoy y que abra el Ayuntamiento».