Tres funcionarios de la Unidad Central de Policía Judicial (UDEV Central) están encargados “con dedicación exclusiva a la investigación» a la tarea de encontrar al joven cordobés Francisco Molina, desaparecido hace casi dos años, todo ello después de investigar 70 comunicaciones que, sin embargo, no han dado frutos.
Se trata de un esfuerzo que «en momentos puntuales, debido a la carga de trabajo», precisó aumentar los efectivos hasta 7 especialistas, según afirma el Gobierno a la pregunta que han realizado los diputados socialistas por Córdoba Antonio Zurera y María Jesús Serrano sobre qué se está haciendo para investigar la desaparición.
La respuesta del Gobierno a la pregunta de Hurtado y Serrano a través de la Mesa del Congreso afirma que la UDEV «comenzó a colaborar con la investigación el 17 de septiembre de 2015», todo ello tras las correspondientes diligencias policiales que sigue el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, y siguiendo «el protocolo de actuación sobre personas desaparecidas», según la instrucción 1/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad».
La contestación explica cómo estos responsables policiales se han desplazado en numerosas ocasiones a Córdoba para oír en declaración a diferentes testigos y que se permanece «en contacto constante con los padres». Paralelamente, y además de un importante trabajo en redes sociales, se «ha establecido un punto de contacto permanente para centralizar todas las comunicaciones con la familia» y existe un teléfono grabador de la Dirección General de la Policía de 24 horas en las que se han recibido «70 llamadas aportando información, de cuyo estudio no se ha obtenido ningún resultado». «Es importante destacar que se continúa con la realización de gestiones para la localización del paradero del menor desaparecido que si bien hasta la fecha no han dado el resultado esperado, se confía en que finalmente conduzca a su localización», concluye la contestación del Gobierno.
