El exgerente del área de Mantenimiento de Adif en Córdoba, Enrique Finch, negó ayer ante un jurado popular haber pedido 180.000 euros a una empresa para que se agilizara la autorización de una obra de un polígono industrial de Andújar. El acusado negó asimismo haber falsificado la fecha de una carta que se dirigió a la empresa a la que, presuntamente, se le imprimió una fecha anterior al día en que fue redactada. Por estos hechos, sin embargo, el acusado fue primero degradado en el escalafón de Adif y posteriormente despedido. Por los delitos citados, se pide para el acusado 400.000 euros por el primero de ellos (cohecho) y cuatro años de prisión por falsedad en documento oficial, además de indemnizar a la empresa CM Brillante con 2,8 millones.

Los hechos se remontan a los años 2007 al 2010, cuando CM Brillante pretendía construir un polígono industrial en Andújar, en una zona lindante con terrenos ferroviarios, para lo cual era preceptiva la autorización del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), cuyo responsable en esta materia era el ahora encartado, al que la empresa constructora acusa de haber entorpecido la ejecución del proyecto y que en una reunión privada llegó a pedir 180.000 euros para que el problema se resolviera. Al respecto dijo que fue la empresa la que le dijo que si se resolvía serían «agradecidos». Para confirmar su acusación la empresa recurrió a un detective que grabó una conversación. Asimismo se le acusa de haber redactado una carta, con el membrete de Adif, reclamando unos avales por diversos conceptos relacionados con las obras (equivalentes a la cantidad reclamada) «para dar verosimilitud» a su petición. En dicha carta también se falsificó, al parecer, el número de registro.

El acusado, además, está también encausado en otros procesos relacionados con adjudicaciones de obras en la denominada operación Enredadera. En el interrogatorio, el denunciado acusó a la denunciante de no haber aportado nunca la documentación necesaria para poder autorizar la obra. La empresa denunciante considera que el retraso provocado por el acusado ha originado unas pérdidas de 2,8 millones. El acusado dijo, además, que su departamento cursó una denuncia a la Delegación del Gobierno de la Junta porque la obra se estaba haciendo sin licencias.