Agentes de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han realizado un total de 36 inspecciones conjuntas en establecimientos abiertos al público durante el primer trimestre del año, dentro del convenio de colaboración existente entre los ministerios de Interior y de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

El saldo arrojado en estas inspecciones ha sido de 10 personas detenidas, así como la incoación de 12 expedientes sancionadores por, presuntamente, incurrir en faltas administrativas relativas a la legislación laboral vigente en la actualidad.

Estas inspecciones se realizan durante todo el año, si bien se refuerzan durante el periodo festivo de mayo, en el que los inspectores de Trabajo en colaboración con los miembros de la Policía Nacional del Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras han inspeccionado diversos establecimientos instalados con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

El convenio de colaboración en materia de coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad social y la Policía Nacional sobre lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social establece un plan de actuación, considerando de interés prioritario la atención a los siguientes supuestos:

- Empleo de extranjeros sin autorización de residencia y trabajo, y demás supuestos de irregularidades graves en materia de extranjería.

- Tráfico de personas y trata de seres humanos para su explotación laboral, así como graves discriminaciones en el empleo.

- Economía sumergida, a fin de impulsar su afloramiento y regularizar las condiciones de trabajo y generar mayores recursos económicos para el sistema de la Seguridad Social, pago de cotizaciones sociales.

- Constitución de empresas ficticias sin actividad real, que simulan mantener relación laboral con trabajadores para la obtención indebida por estos de prestaciones de la Seguridad Social.

- Simulación de relaciones laborales, en empresas con actividad real, para obtener indebidamente prestaciones de la Seguridad Social, incluyendo las prestaciones y subsidios por desempleo, así como para la obtención o renovación de la autorización de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros.

- Otros fraudes en relación con el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones en materia de Seguridad Social.