El juicio al empresario y exconcejal de UCOR Rafael Gómez y sus cuatro hijos por defraudar supuestamente casi 60 millones de euros con el impago de impuestos se ha reanudado hoy con las declaraciones como testigos de auditores y asesores. Ambos testigos han coincidido en que ni Rafael Gómez ni sus hijos les daban ningún tipo de instrucción tributaria para pagar menos impuestos. Auditores y asesores han declarado que solo trataban con el equipo financiero del grupo y no con la familia.
Un asesor ha afirmado que él no tenía constancia de que existiera ocultación alguna y otro ha confirmado que siempre que se solicitaba información se daba de forma diligente.
En la primera sesión, celebrada el pasado lunes, Gómez descargó la responsabilidad en los asesores de sus empresas y alegó que «firmaba lo que me ponían por delante». Incluso alegó en su defensa que «no sé ni lo que es el IRPF». También sus hijos sostuvieron ante el juez que hacían «lo que los profesionales nos decían».
El fiscal pide para Gómez penas que suman 44 años de prisión por 11 delitos contra la Hacienda Pública, además de una multa que podría llegar a 350 millones. Para cada uno de los hijos solicita 22 años de cárcel por ocho delitos fiscales. Ambos han coincidido en sus declaraciones que ni Rafael Gómez ni sus hijos daban algún tipo de instrucción tributaria para pagar menos impuestos.
El ministerio fiscal considera que los delitos se habrían cometido entre 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago del impuesto de sociedades, de patrimonio y el IRPF. Señala que había una «confusión evidente entre los intereses y voluntades patrimoniales de las sociedades y las rentas y patrimonios personales».
