Diez cuerpos sin vida recuperados, un número indeterminado aún por rescatar y 4.800 emigrantes salvados en el Mediterráneo en tan solo dos días. Se trata de una de las cifras más elevadas de personas que han sido interceptadas en el canal de Sicilia procedentes de las costas de Libia en este espacio de tiempo. «Hemos previsto que este año lleguen unas 200.000 personas», informó en forma de pronóstico el ministro de Exteriores italiano, Paolo Gentiloni, al Parlamento.

El pasado sábado se llevaron a cabo un total de 17 operaciones de rescate y ayer habían llegado a la sala central de operaciones de la Guardia Costera de Roma llamadas de socorros desde otras 16 barcazas que navegaban con dificultades por el canal de Sicilia. Cuatro de esas alarmas fueron atendidas de forma inmediata y las otras estaba previsto hacerlo esta noche y madrugada.

En los últimos tres días, la cifra de inmigrantes salvados en alta mar se acerca a los 10.000, cifra que equivale a los que fueron rescatados en una semana el pasado abril. La suma en lo que va de año es de 30.000, superior a la del todo el 2014. El 91% de ellos procedían de Libia, según el Gobierno de Roma. Por el camino se han quedado en el intento 1.500 personas, 400 y 850 de ellas en los dos naufragios del pasado mes de abril.

REACCIÓN DEL GOBIERNO

Ambas tragedias forzaron la reacción del Gobierno italiano, que presionó para que se convocase una reunión extraordinaria del Consejo de Europa para intentar paliar al máximo la situación. Los acuerdos fueron del todo insuficientes. De hecho, Roma los calificó de «catastróficos».

La medida más importante fue triplicar el presupuesto (era de 2,9 millones de euros al mes) para la operación Tritón, de la agencia europea de fronteras Frontex, en el que participan unos 20 países de la Unión Europea. Su misión es vigilar los confines de la UE, aunque sin el mandato de intervenir y socorrer a los sin papeles, salvo que se encuentren en peligro de naufragio.

La prensa italiana lleva estos días entrevistando, ya por teléfono o sobre el terreno, a los traficantes de emigrantes que organizan las expediciones desde Libia, pero debe de resultar particularmente dificil que les den caza tanto a la policía libia -o lo que queda de ella- como a los servicios secretos occidentales, cuyos agentes ya se encuentran trabajando en el país magrebí.

Actualmente, Libia se halla dividido en dos gobiernos, dos parlamentos, dos ejércitos, además de las milicias del Estado Islámico y unas 150 tribus. Todos luchan entre ellos para hacerse con la herencia de Muamar el Gadafi, derrocado en el 2011.

La guerra civil que desangra al país norteafricano sucede mientras una docena de naves de guerra italianas esperan la orden para intervenir. Su estado de alerta no tiene nada que ver con Tritón y la UE, sino con el gas que desde el suelo y mar libios viaja hacia las viviendas de los italianos. En la localidad de Sigonella (Sicilia), Estados Unidos cuenta con un dispositivo de intervención rápida en África, con drones y aviones Predator, pero, oficialmente al menos, son ajenos al trágico fenómeno migratorio entre Libia e Italia.

OPERACIÓN MILITAR

Frente a tamaña avalancha de sin papeles, Italia busca el aval de la UE, de la ONU y de EEUU para intervenir en suelo líbio. En abril, corrió el rumor sobre una operación militar, descartada después por algo más modesto: el hundimiento en Libia, antes de su partida, de las barcazas usadas para la travesía, la mayoría de ellas construidas en un almacén a cinco kilómetros de la ciudad de Zuwara.

En su viaje del pasado mes a Washington, el primer ministro italiano, Mateo Renzi, logró el apoyo moral del presidente de EEUU, Barak Obama, que descartó cualquier intervención en tierra libia. El Consejo de Europa dio a Federica Mogherini, italiana y responsable de la Política Exterior de la UE, un mandato para «explorar» otras vías, además de la vigilancia (Tritón).

La más importante de dichas vías sería la creación, al sur de Libia pero en el exterior de su territorio, de campos de acogida donde se pudieran reunir a los emigrantes para realizar entonces una criba antes de una salida segura hacia Europa o su devolución al país de origen.

ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lo piden desde hace varios años, aunque hasta la fecha no se ha realizado. Se sabe que el gobierno italiano mantiene negociaciones en este sentido con Túnez, Argelia, Malí y Sudán.