La Dirección General de Tráfico (DGT) quiere frenar en seco el aumento de muertes en las carreteras españolas e impulsará un paquete de medidas para cortar la sangría que en 2017 se cobró la vida de 1.200 personas en 1.067 accidentes, la peor cifra en cinco años. Para ello, la DGT ha anunciado para febrero una nueva Ley de Tráfico con la reforma de los exámenes y la revisión del carné por puntos. En esta línea, "está a punto de aprobarse" la medida que posibilitará que los reincidentes por delitos relacionados con el consumo de alcohol y drogas puedan perder el carné si así lo dicta un médico.

Gregorio Serrano, director general de Tráfico, ha presentado este miércoles su nuevo proyecto de seguridad vial, después de que se registraran en los últimos doce meses 39 muertos y 28 accidentes más que 2016, guarismos que suponen un incremento del 3% con respecto al ejercicio interior. Las reformas que plantea se pondrán en marcha durante 2018 para ser implementadas en 2019.

"Vamos a proponer una nueva Ley de Tráfico que ha estado debatida en 52 grupos de trabajo, que han debatido multitud de aspectos de esta Ley, una vez acabadas las aportaciones, estamos en condiciones de hacer una propuesta de Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Después los padres de la patria tendrán que decirnos si están conformes o no", ha explicado. "Pretendemos que sea una nueva Ley de Tráfico y no una reforma", en sus propias palabras.

Además de la reforma del modelo de formación vial, también se revisará el sistema del carné por puntos en el marco de la nueva Ley. "El aumento o decremento de las sanciones de los puntos será en el marco de la nueva Ley y la nueva regulación de la formación vial en España", ha sostenido Serrano, que espera que la medida sea un "revulsivo casi parecido a cuando se implantó" este sistema.

Estas iniciativas también incluyen más radares en vías convencionales (también dispositivos de tramo), la publicación trimestral de lo recaudado por sanciones de velocidad, un nuevo plan que incentive la renovación del parque móvil y la adquisición de drones de control.

Los datos del último informe de siniestralidad (computa las víctimas en vías interurbanas con datos contabilizados a 24 horas) suponen la peor cifra desde 2013, cuando se registraron 1.134 fallecidos, un 6 % menos que en 2017. El número de fallecidos ya superó el pasado 19 de diciembre al de todos los de 2016, convirtiéndose 2017 en el segundo año consecutivo en el que se incrementa el número tras 14 seguidos de descensos.

¿Cambio de ciclo?

Desde 2004, la siniestralidad vial ha ido disminuyendo pero la tendencia se rompió en 2016, con 30 fallecidos más que en 2015. Desde hace dos décadas no se producían dos años consecutivos de aumento en las víctimas mortales.

Entre los muertos, ha crecido el número de ciclistas (44 muertos frente a 33) y motoristas (240 frente a 214), así como los registrados en furgonetas y turismos. Sin embargo, han descendido, los peatones (91 frente a 120).

Ante esta situación, Tráfico aprobará en 2018 el Plan estratégico estatal de la bicicleta, la estrategia de seguridad vial 2018-2020 y se pondrá en funcionamiento la plataforma del vehículo conectado DGT 3.0, así como el Plan estratégico del vehículo, y el Plan de medidas contra la siniestralidad de colectivos vulnerables.

Las víctimas, disconformes

El balance ha sido tachado como "más que negativo" por la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes, que junto a PONS Seguridad Vial propone un mayor control de la velocidad. Los accidentes "ya no son un tema que preocupe ni alarme en exceso", argumentan estos colectivos, por lo que los políticos no tienen prisa por solucionarlo ante esta falta de "demanda social tácita".

La principal medida que solicitan es la homogeneización de la velocidad máxima permitida en carreteras secundarias a 90 km/h, pero además piden la actualización de la licencia a "los vehículos y tecnologías de ahora" y una mayor vigilancia física que erradique el uso del móvil al volante. De igual modo, reclaman más fondos públicos para erradicar los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) y endurecer los delitos contra la seguridad vial.

La principal crítica que se hace es que no se acomete la bajada de la velocidad fuera de las autopistas, una idea ya propuesta en época de Pere Navarro y María Seguí. En cualquier caso, la DGT mueve ficha tras dos años con muertos al alza: si el año pasado Serrano subrayaba la sensibilidad del ministro Juan Ignacio Zoido (que perdió un hijo de 18 años en la carretera en 2002) tras las críticas recibidas por su predecesor Jorge Fernández Díaz, ahora el director general pasa a la acción con medidas concretas.

Desde la inauguración en Galicia de una obra viaria, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le daba su respaldo al declarar que la seguridad de la circulación debe siempre "una gran prioridad".