Los 15 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respaldaron ayer por unanimidad el recurso de la fiscalía contra la excarcelación de 13 egipcios detenidos el 31 de mayo del año pasado en un barco sin bandera en aguas internacionales del mar de Alborán que transportaba 16.000 kilos de hachís; y de otros ocho sirios apresados en un buque con bandera de Sierra Leona, con 12 toneladas de hachís. En los próximos días, los jueces que dictaron el archivo provisional de las causas abiertas contra estos presuntos narcotraficantes deberán dictar órdenes de detención contra todos ellos.

Los magistrados del Supremo entienden que los jueces instructores de la Audiencia Nacional aplicaron de "manera errónea" la nueva y polémica ley de justicia universal, y que esta, pese a estar redactada de "manera confusa", sí reconoce la jurisdicción de España para apresar barcos en alta mar frente a sus costas que lleven droga siempre que los tratados internacionales les otorguen competencia. Y esa jurisdicción, según el Supremo, viene otorgada por la Convención de Viena de 1988 y los acuerdos de Montego Bay de 1982.

Los magistrados entienden que el artículo 23.4 de la ley, en su apartado d, deja clara la competencia de los tribunales españoles para instruir causas de tráfico ilegal de drogas "que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España". La Audiencia Nacional, sin embargo, entendió que había que aplicar para estos casos el artículo 23.4 en su apartado i, que señala que solo se puede actuar contra el tráfico de drogas cuando el procedimiento se dirija contra un español o cuando se trate de delitos "con miras a su comisión en territorio español".

La decisión del Supremo supone un serio varapalo a los jueces de la Audiencia Nacional, algunos de los cuales, consultados ayer por Europa Press , mostraron su "sorpresa" por el hecho de que el alto tribunal considera que "jueces expertos en la materia y en tratados internacionales se han equivocado de forma radical".

Estos magistrados sostenían que desde la reforma de la ley de justicia universal que aprobó hace cuatro meses el Gobierno los tribunales españoles habían perdido la competencia para instruir causas que afectaran a barcos apresados en aguas internacionales sin tripulación española y que no se dirigieran a España, lo que había dejado en suspense varias investigaciones policiales.

En los últimos dos meses, los jueces de la Audiencia Nacional han excarcelado a 53 presuntos narcotraficantes. Las excarcelaciones fueron validadas en el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por 13 votos a favor y tres en contra, entre ellos el del presidente, Fernando Grande Marlaska. Estas puestas en libertad supusieron un duro revés al Gobierno, al que se acusó de no haber previsto, en su afán de acotar las competencias de los jueces en conflictos internacionales, lo que sucedería con estos narcotraficantes.

La fiscalía presentó un recurso ante el Supremo contra 21 excarcelaciones por entender que las medidas no fueron acordes con lo que marca la Constitución y los tratados internacionales, que obligarían a España a actuar contra esos barcos. El recurso sostenía que los tratados internacionales eran suficientes para actuar contra los sospechosos en alta mar.