Diana Quer es uno de los 14.000 misterios a los que cada año familiares, amigos, policías, jueces y detectives buscan respuesta. Niños, adolescentes, adultos y ancianos que se esfumaron y cuya ausencia mortifica a sus allegados. Mentes torturadas a las que los psicólogos tratan de dar consuelo y a las que, a veces, alguna prensa amarillenta contribuye a enloquecer. Fernando García, el padre de una de las tres niñas asesinadas en Alcàsser en 1992, es la pesadilla de los que tienen un desaparecido. Primero, porque nadie quiere imaginar que un ser querido tenga un final como el de Míriam. Pero también porque pocos podrían asegurar que su salud mental resistiría la bandada de buitres que se arremolinaron alrededor de Fernando.
Como comenta el periodista Paco Lobatón, el seguimiento informativo de este fenómeno funciona a oleadas. Los primeros días, sobre todo si se trata de menores, se genera un gran despliegue. Pero cuando la gran ola ha llegado a la arena, y aunque no se haya resuelto, el caso pierde el interés, baja la marea, los micros, cámaras, libretas y bolígrafos corren hacia otro lado y la playa queda casi desierta. En ella solo quedan amigos y familiares que, a diferencia de lectores, oyentes y espectadores, no pueden pasar página porque sus dramas personales siguen inconclusos.
Las comisarías españolas reciben unas 14.000 denuncias anuales de desaparecidos. La mayoría de casos se resuelven a las pocas horas: el 93% aparecen vivos (la gran mayoría en dos semanas) y el 0,6 % muertos. ¿Qué pasa con el casi 7% restante? Hay 100 casos que, cada año, quedan para siempre sin respuesta. Muchas de las denuncias presentadas responden a desapariciones voluntarias: jóvenes que se fugan del centro de menores (algunos se escapan 80 veces en un año), adolescentes que se van de casa en épocas de exámenes o adultos que dejan a sus familias para iniciar una nueva vida.
Se consideran voluntarias las de las personas que dejan una nota, que se llevan las maletas o que llevan más de tres desapariciones. Los cuerpos de seguridad del Estado diferencian entre las desapariciones voluntarias y las de alto riesgo. ¿Y qué entienden por alto riesgo? No solo las que pueden responder a posibles asesinatos o secuestros, sino también los casos en los que está involucrado un niño o adolescente. También dan esa categoría cuando existe peligro para el desaparecido, como en casos de personas con problemas psíquicos que pueden hacer daño a alguien.
Durante muchos años los familiares habían añadido, a su angustia, el maltrato institucional. Había familias que habían tenido que denunciar hasta tres veces las desapariciones por culpa de la descoordinación entre cuerpos policiales, por no hablar de los muchos desafortunados comentarios escuchados. «Desaparecen 1.500 niños al año. Qué importa uno más», rememora con amargura Juan García que le espetó un guardia civil cuando le imploraba que encontraran al pequeño Juan Pedro Martínez, al que buscan desde hace 30 años. Afortunadamente, en los últimos años, gracias a la presión de las asociaciones de familiares, se han conseguido algunas mejoras, como por ejemplo una base de datos compartida entre todos los cuerpos policiales y un protocolo común de actuación. Esta semana el Ministerio de Justicia aceptó que los familiares de desaparecidos puedan ser atendidos en cualquiera de sus Oficinas de Atención a las Víctimas.
Los familiares saben que la atención de los medios de comunicación ayuda, no solo a difundir la imagen de su desaparecido, sino también a que se destinen más efectivos policiales a la búsqueda (como se vio en el caso de Marta del Castillo), pero en algunos casos también puede emponzoñar la investigación, como ocurrió con Cristina Bergua.
Los casos de menores son los que más interés mediático despiertan (es evidente que un niño de 7 años, como Yéremi Vargas, si desaparece no es porque haya querido iniciar una nueva vida, sino porque algo le ha pasado). Pero apenas recordamos noticias de personas mayores, aquejadas de enfermedades mentales como alzhéimer o demencia senil, que se desorientan, no saben quién son y no vuelven a su casa o geriátrico.
Uno de los motivos por el que el caso de Diana Quer ha sido tan mediático es porque se trata de una joven (acababa de cumplir los 18) que se sospecha que ha podido ser víctima de un secuestro o asesinato. Casos similares, como el de la barcelonesa Caroline del Valle, han tenido una repercusión mucho menor. Y sus familiares y amigos, igual que los de muchos otros desaparecidos, viven su ausencia con la misma angustia que la de Diana, a la que en muchos casos añaden la sensación de olvido.
