El comité local del Partido Comunista de China (PCCh) en Shanghái ha prohibido a los familiares de sus cargos públicos que participen en la dirección de empresas o negocios de cualquier tipo, anunció hoy el diario oficial Shanghai Daily.

La normativa, una medida piloto que podría extenderse luego por el resto del país, prohíbe que participen en la dirección de cualquier negocio los cónyuges, hijos y cónyuges de hijos de los funcionarios locales con puestos equivalentes a subdirector de departamento o superior.

Las nuevas normas afectan a todos los cargos empleados en el Gobierno de Shanghái, el PPCh local y las empresas estatales, los tribunales, las fiscalías y las oficinas policiales de toda la municipalidad, la región administrativa en torno a la capital económica de China.

Las medidas llegan semanas después de que el presidente chino, Xi Jinping, que está impulsando importantes campañas para combatir la corrupción entre los funcionarios, pidiese a las autoridades shanghainesas que ensayasen cómo controlar la actividad de negocios de sus altos cargos.

Aunque desde 1985 ya había reglas que limitaban gradualmente a los altos funcionarios chinos y sus cónyuges su capacidad para dirigir empresas, la nueva normativa implementada ahora en Shanghái es mucho más pragmática, explicó el subsecretario general del PCCh local, Ying Yong, al Diario del Pueblo, ligado al Partido.

Las reglas anteriores eran progresivas, es decir, que limitaban la actividad empresarial de los funcionarios a medida que aumentaban su rango y sus responsabilidades en la Administración pública, mientras que las nuevas impiden directamente su implicación como propietarios, socios o inversores en cualquier tipo de negocio.

Los familiares sí pueden ser inversores, obviamente, a través de la compra de acciones en Bolsa, pero no participar de ninguna manera en el capital de empresas que estén fuera del mercado de valores.

Además, ahora se prohíbe también que los cónyuges de estos funcionarios trabajen en cargos directivos de empresas privadas chinas o de firmas extranjeras dentro del país.

Esto afecta también a los hijos y cónyuges de hijos, aunque a ellos se les aplica sólo dentro de la municipalidad de Shanghái o, si es en otra provincia, de los sectores en conflicto de intereses directo con el departamento del Gobierno, del Partido o de una empresa estatal en la que ocupe un alto cargo su familiar.

A esto se añadirá la obligatoriedad de que todos los cargos públicos shanghaineses declaren la situación de empleo de todos sus familiares cercanos, y su sometimiento a inspecciones anuales en las que se revisará, al menos, a la quinta parte de las familias con estas características.

Con todo, a pesar de que las nuevas reglas suponen una vuelta de tuerca en el control estatal contra la corrupción, para algunos observadores son insuficientes, como señala hoy el politólogo Zhang Ming a la agencia oficial Xinhua.

"Es común que los familiares de los funcionarios en posiciones de poder (no sólo los hijos y cónyuges) acaben convirtiéndose en objetivos de soborno", indicó.