Por tercera vez y a petición de la Fiscalía y las acusaciones particulares, la Audiencia Provincial de Valencia ha levantado el sobreseimiento que la jueza instructora decretó sobre el caso del accidente del metro de Valencia que dejó el 3 de julio de 2006 un total de 43 muertos y 47 heridos pero, además, esta vez le conmina a concluir la investigación con una serie de declaraciones y a dar paso a un juicio.

En el auto de la Audiencia se alaba el «extraordinario ejercicio de instrucción procesal» de Nieves Molina pero se asegura que «se abren alternativas razonables en sentido diverso que impiden ratificar el sobreseimiento».

Por eso fuentes jurídicas aseguran que cuando se le indica que tras las nuevas comparecencias debe proseguir la causa «en congruencia con el contenido de esta resolución», se le conmina a dar paso a juicio.

Rosa Garrote, presidente de la Asociación de Víctimas 3J aseguró que esta decisión «es lo que llevamos reclamando desde hace doce años» y explicó a Efe que permitirá «que se investiguen todas las posibles causas del accidente, más allá del exceso de velocidad».

«Independientemente del resultado del posible juicio, estamos satisfechos con que se inste la investigación de todas las posibles circunstancias, porque no se puede basar todo en la velocidad como ha hecho la jueza instructora», añadió. Molina siempre ha defendido que no hay pruebas que apunten a ninguna otra causa para explicar el accidente más allá del probado exceso de velocidad.

El auto aporta hasta nueve razones que habrá que estudiar y entre ellas destaca la posible omisión de la normativa de seguridad existente, la insuficiente formación del maquinista, la ausencia de balizas que limitasen la velocidad en la curva del accidente y la posible inacción por parte de la empresa tras haberse producido descarrilamientos anteriores. «Se había reducido la velocidad de 50 a 40 km/h en ese mismo tramo sin adoptar medidas de seguridad adicional a la señal de limitación de velocidad», argumenta el auto.

Garrote afirmó que «hubo otros factores, como el estado del vagón y de la vía o las medidas de seguridad para controlar la velocidad» y lamentó que «las causas concretas del accidente no se podrán averiguar porque la jueza mandó arreglar la vía y destruir el vagón accidentado». «No ha querido investigar nada que señalase a los responsables de FGV ni otras instancias políticas», afeó.

Entre los cinco investigados que se solicita que sean llamados a declarar está Marisa Gracia, ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.