Tras diez horas de debate, el Congreso aprobó ayer de un tirón y de manera definitiva la reforma del Código Penal, el pacto antiyihadista, la ley mordaza y el paquete legislativo contra la corrupción. Un conjunto de normas que ha sufrido vaivenes, tiras y aflojas pero que, cuando faltan dos meses para la próxima cita electoral y unos ocho para las generales, el Ejecutivo ha decidido impulsar, como gesto hacia el electorado más derechista, cuyo apoyo podría ser crucial en un año plagado de comicios. Es un sector de los votantes del PP en gran parte defraudado por la marcha atrás del Gobierno en la reforma del aborto y por las recurrentes imágenes de etarras sanguinarios abandonando las cárceles. Para acercarse a estos votantes, aunque el Gobierno mantiene la máxima de que no legisla en caliente ni en respuesta a los graves sucesos que conmocionan a la sociedad, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y los dirigentes del PP Rafael Hernando y Carlos Floriano aprovecharon la maratoniana sesión para posar ante los fotógrafos con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, y con familiares de Marta del Castillo o de Mari Luz Cortés, cuyas demandas de endurecimiento penal son bien vistas entre la población más conservadora. Las víctimas se felicitaron de que el PP haya introducido en España la prisión permanente revisable, una condena que la oposición rechazó ayer en bloque por considerarla una cadena perpetua encubierta, ante las pocas posibilidades de que los reos más peligrosos puedan demostrar que están rehabilitados para abandonar la cárcel.

"Hoy asistimos a un recorte brutal en derechos y libertades, con políticas de derecha extrema que castigan a la mayoría", clamó la socialista Rosa Aguilar, expresando una idea que corearon con mayor o menor vehemencia el resto de grupos, que también denunciaron el "estado policial" que, en su opinión, lleva consigo la ley de seguridad ciudadana (denominada ley mordaza). El PSOE solo se apartó del resto cuando se debatieron y aprobaron las medidas antiyihadistas rubricadas por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en forma de pacto de Estado.

RESPUESTA A LOS ESCANDALOS La Cámara baja también aprobó definitivamente la ley de financiación de partidos y la que regulará el ejercicio del alto cargo. Las dos normas anticorrupción más importantes de la legislatura --más allá de la ley de transparencia-- se votaron tres días después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considerara acreditado que el PP dispuso de una caja B entre 1990 y 2008. Esta circunstancia alentó todavía más a la mayoría de partidos a criticar este paquete por presentarlo como la "gran panacea" (BNG) cuando los conservadores no han querido ni regular "los lobis, los aforamientos y los indultos" (Izquierda Plural) ni tampoco se han mostrado dispuestos a acabar con "los contratos fraccionados", un gran foco de corruptelas, según el PSOE.

"Han hecho una faena de aliño, retocando un par de leyes. Nosotros queríamos enviar un mensaje claro por los casos de corrupción", se quejó el portavoz socialista, Antonio Pradas. CiU y PNV se sumaron al PP en esa parte.