La plataforma Castor, dedicada al almacenamiento subterráneo de gas, no volverá a funcionar, pero de momento seguirá tal y como se encuentra en la actualidad, sin ser desmantelada, puesto que la extracción de los hidrocarburos inyectados en su interior podría ocasionar terremotos de gran magnitud, muy superiores a los ya registrados. Así lo anunció ayer el ministro de Industria y Energía, Álvaro Nadal, al presentar el informe sobre el futuro de la instalación encargado al prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). «Cuando [el desmantelamiento] se pueda hacer, se hará», insistió Nadal.

Concretamente, los especialistas del MIT consideran que extraer el gas ya depositado afectaría gravemente a la falla tectónica de Amposta, incluyendo la posibilidad de «una ruptura completa», lo que podría «provocar un terremoto de magnitud mayor o igual a 6,8», según subraya el informe. «Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos», explicó gráficamente Nadal en rueda de prensa. «Si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos. Así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad».

El MIT ha desarrollado un modelo de simulación que tiene en cuenta «la extracción e inyección de fluidos» y las posibles consecuencias en la deformación y cambios en la roca. El análisis, escriben los autores, «sugiere que la falla de Amposta, alguna de sus ramificaciones y varias de las fallas del yacimiento próximas a Amposta fueron desestabilizadas de forma significativa por la inyección de gas, estando sujetas a cambios en la tensión de Coulomb de hasta 0.5 MPa».

Debido a las presiones en el depósito submarino, lo mismo sucedería en caso de reabrir la instalación e inyectar más gas, dice el MIT. En cualquier caso, esta última opción está totalmente descartada a tenor de las declaraciones del ministro, quien ha admitido que «la inyección de gas fue la que produjo con toda probabilidad los terremotos». «Está claro que no puede volver a funcionar», añadió. En el mismo sentido, los expertos del MIT aseguran en su informe que «es extremadamente complicado definir límites de operatividad segura y fiable en términos de presiones, tasas o volúmenes de inyección» en las instalaciones. Si pese a todo se decidiera reanudar las operaciones de almacenamiento, debería desplegarse una red de estaciones sísmicas en el fondo marino cercano a la plataforma y la inyección debería efectuarse en varias fases y de forma paulatina.

La zona se encuentra geológicamente «estable» y mejor no tocar nada, insistió el ministro. Sin embargo, eso también tiene sus inconvenientes, puesto que el mantenimiento anual de la instalación durante los dos últimos ejercicios tuvo un coste de 15 millones de euros cada uno, según reconoció la empresa Enagás, la actual gestora. La hibernación incluye el control remoto y el suministro eléctrico de la plataforma, de los pozos sellados y de las máquinas que quedarán sin desmantelar, entre otros gastos. Eso sí, el ministerio descartó cualquier riesgo: «Actualmente, la instalación se encuentra en situación de seguridad para las personas y el medio ambiente, sus pozos están sellados y no existe gas en la plataforma ni en los gasoductos de conexión».

En cierto modo, el informe del MIT exculpa de los daños a la empresa impulsora del proyecto, Escal UGS, al asegurar que con «la información disponible y mediante estudios realizados con metodología estándar» no se podía saber de antemano que la actividad de inyección en el depósito pudiera afectar a la falla. El estudio es el tercer trabajo en la misma línea tras los elaborados previamente por el Instituto Geológico y Minero de España y el Instituto Geográfico Nacional.

El Castor entró en hibernación preventiva hace cuatro años tras los terremotos que se produjeron en la zona durante los trabajos previos para que el almacén submarino pudiera empezar a recibir combustible. Como consecuencia, el Ejecutivo asumió una compensación de 1.350 millones de euros a la promotora, Escal UGS, participada por ACS, que acabarán pagando los contribuyentes -el sistema gasista- durante los próximos 30 años.