Hace exactamente cuatro años, el 30 de junio del 2013, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estampaba su firma en la más controvertida ley de su largo mandato. Oficialmente, Ley Federal con el Propósito de Proteger a los Niños de Información que Niega los Valores Familiares Tradicionales, fue bautizada por los medios de comunicación como ley sobre la propaganda homosexual.

La ley calificaba la «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales» como un material que transmite a los menores «ideas distorsionadas sobre el igual valor social de las relaciones tradicionales y no tradicionales». En su artículo 5 se tipificaban las multas a pagar en caso de violar la prohibición de hacer propaganda: entre 5.000 y 50.000 rublos (73 y 7.300 euros, al cambio actual), y los extranjeros pueden ser deportados.

Pese a que su aprobación por la Duma Estatal fue unánime, el texto legal sembró de inquietud al colectivo LGTB en Rusia, un país donde ya en el 2004 un 36% de los rusos consideraban a la homosexualidad como «una enfermedad». En los 48 meses transcurridos desde la entrada en vigor, los activistas han constatado un neto incremento de agresiones a gais -homocidios, robos, ataques contra locales gais, extorsiones- aunque dan por sentado que el nivel de violencia es mayor dado el temor a denunciar.

«Hay muchas cosas que no podemos saber, y que quizás no sepamos nunca; pero lo cierto es que la agresión es un hecho diario para muchos gais, lesbianas y transexules» en Rusia, escribe Aleksándr Kondakov, sociólogo y director del Centro para el Estudio de la Sexualidad. Contando solo con las informaciones aparecidas en los medios, su organización constató 363 casos de agresiones -cerca de la mitad, homicidios- entre el 2011 y el 2016 y elaboró un mapa con puntos rojos por cada acto de violencia, comprobándose que la homofobia se extiende por toda Rusia, de Vladivostok a Kaliningrado.