El caso de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) desaparecida para no tener que entregar a sus hijos a un padre maltratador, ha dejado al descubierto algunos flecos en las medidas recientemente aprobadas por el Congreso contra la violencia machista. Así, el Senado pidió ayer que se estudien las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor. Tras su huida, Rivas podría enfrentarse a los delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de secuestro o sustracción de menores.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada denegó ayer las medidas cautelares que el exmarido de Rivas había solicitado contra ella, entre las que figuraba una orden internacional de detención, aunque trasladó las actuaciones a un juzgado de instrucción para que se abra una nueva investigación ante posibles indicios de delito.
El voto particular se produce con el acuerdo de todos los grupos de la Cámara alta. La iniciativa también se ha incorporado al informe que, tras seis meses de debate, fue dado a conocer el pasado lunes por la Subcomisión del Congreso, y que servirá de guía al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre otras medidas, el documento plantea que la custodia compartida no se imponga en casos de violencia de género, como piden desde hace años muchas asociaciones que trabajan con las víctimas.
Los grupos coinciden en la necesidad de impedir las visitas de los maltratadores a sus hijos. En la mente de muchos está el caso de María Salmerón, la mujer sevillana que litiga para evitar la cárcel por las multas derivadas del incumplimiento del régimen de visitas a su exmarido, condenado por maltrato hacia ella.
PROTECCIÓN / El documento también establece la recomendación de otorgar protección a las víctimas que se hallan incursas en situaciones de sustracción internacional de menores cuyo origen sea una situación de violencia de género, como le ocurre a Rivas. Residente en Italia y con una pareja condenada en el 2009 por agredirla, aprovechó un viaje a Granada el pasado verano para instalarse en la ciudad andaluza y poner su situación en conocimiento de la justicia. De momento, y ante la denuncia del padre por sustracción de menores, los tribunales le dicen que los niños deben volver a Italia, donde debería iniciar el procedimiento para quedarse con la custodia.
Los grupos presentes en la Comisión de Igualdad quieren ir un paso más y piden que se realicen las modificaciones legales necesarias para dar cobertura jurídica a esos casos, de forma que la medida se incorpore a las otras 266 ya pactadas. El documento final será debatido por el pleno de la Cámara alta el 12 de septiembre.
OTRO JUZGADO / El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, en funciones de guardia, asumió ayer por la vía penal el caso de Juana Rivas, que permanece ilocalizable desde que incumplió la orden judicial de entregar a sus hijos a su expareja, un italiano condenado por lesiones, han informado a Efe fuentes judiciales.
A este órgano le ha correspondido investigar lo ocurrido después de que un juzgado de lo civil, el de Primera Instancia 3 de Granada, rechazara las medidas cautelares solicitadas por el padre de los dos niños pero derivara el escrito presentado por el abogado del progenitor al decanato para su reparto a un juzgado de instrucción de ámbito penal.
La actuación del Instrucción n2 abre una nueva vía de investigación para comprobar los supuestos delitos contra la administración de justicia y de secuestro de menores, de los que el abogado del padre acusa a Juana Rivas.
