El Parlamento turco aprobó hoy tras un mes de debates una controvertida ley de seguridad que amplía los poderes policiales para usar armas de fuego y realizar registros sin autorización judicial, y cuyos debates acabaron en varias ocasiones incluso en peleas a puñetazos entre diputados.
Mientras que la oposición denuncia que esta normativa lleva al país por la senda de convertirlo en un estado policial, el gobierno islamista sostiene que mejora la seguridad ciudadana ofreciendo mejores instrumentos contra el terrorismo y las protestas violentas.
Toda la oposición -socialdemócratas, nacionalistas y prokurdos- ha rechazado la normativa, que ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).
La normativa, que lleva por nombre "Reforma de la seguridad interior", amplía la posibilidad de que la policía realice interrogatorios, registros y escuchas telefónicas sin autorización judicial, y refuerza la capacidad de los agentes para reprimir manifestaciones.
Entre otras cosas, la Policía podrá mantener bajo arresto durante 48 horas a sospechosos sin necesidad de autorización judicial, permite a los agentes disparar contra quienes les arrojen bombas incendiarias y quienes se cubran el rostro para evitar ser identificados durante protestas violentas pueden afrontar hasta cuatro años de cárcel.
La normativa autoriza a la policía a emplear sus armas reglamentarias contra manifestantes que les arrojen cocteles molotov o utilicen cualquier otra "arma que pueda herir", un término criticado por algunos juristas como muy vago.
La oposición considera que esta normativa supone poner de facto al país bajo una ley marcial, y el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo ya anunció que denunciará la ley ante el Tribunal Constitucional.
Organismos internacionales que velan por los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han expresado su preocupación por esta normativa, especialmente por ampliar la potestad en el uso de armas de fuego.
La idea sobre la normativa surgió tras los violentos disturbios del pasado octubre de la población kurda en el sureste del país, tras la negativa del Gobierno turco de ayudar a la milicia kurdo-siria que se enfrentaba a los yihadistas del Estado Islámico en la ciudad siria de Kobane.
