Este jueves los grupos parlamentarios comenzarán las reuniones destinadas a fraguar el pacto de Estado contra la violencia machista cuyo embrión surgió hace siete meses en el Congreso. Tras escuchar a 70 expertos, los ponentes de la subcomisión del la cámara baja tienen hasta el 16 de junio para acordar sus conclusiones. Aunque los partidos auguran intensos debates, la percepción y disposición mayoritaria es a rubricar el pacto, que debe pasar el filtro del Gobierno, y en una segunda fase ser sometido al acuerdo de comunidades, ayuntamientos, poder judicial y sociedad civil.
Precisamente, los ministros de Presidencia, Interior, Sanidad, Justicia y Educación mantuvieron este miércoles una reunión con la que quisieron visualizar que el Ejecutivo ha empezado el trabajo necesario para “hilvanar” el acuerdo. Pese a ello, la titular de Sanidad, Dolors Monserrat, no se comprometió con una fecha límite y solo mostró su esperanza en que se alcance “este año”.
De ser así, uno de los platos fuertes consistirá en ampliar elconcepto de violencia de género a todas las formas de agresiones contra la mujer contempladas en el Convenio de Estambulratificado por España: el maltrato físico, psicológico y sexual; lamutilación genital; el matrimonio, aborto y esterilización forzadas; y el acoso. La ley integral impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero se circunscribió al ámbito de la pareja, según explica exdelegado del Gobierno para esta lacra Miguel Lorente, como medida de choque para mejorar la atención a las mujeres que la sufren y para aumentar la concienciación. Sin embargo, la sociedad “ha madurado”, opina, y ahora es necesario dar una respuesta más amplia, como ya se recoge en legislaciones autonómicas como la catalana.
LA ASISTENCIA
No se busca aumentar de forma genérica las penas sino mejorar la asistencia para las víctimas y la prevención de los delitos mencionados. Algunos partidos creen que bastaría con modificar la ley integral pero otros consideran que hay que ir más allá y crear leyes específicas para luchar contra la trata o la violencia sexual, porque cada una de las formas de violencia requiere una respuesta “distinta”.
Muchos de los comparecientes han incidido además en que sería importante eliminar el llamado derecho de dispensa, que permite a las mujeres que se sientan presionadas retirar las denuncias en una fase posterior del procedimiento, uno de los principales problemas detectados en los juzgados. Si bien no hay consenso en cómo hacerlo. “Hay que estudiarlo con cuidado y mesura”, avisó este jueves el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Por contra, sí que hay coincidencia en suprimir la atenuante de confesión o alcoholismo, además de aumentar la formación jueces, médicos, psicólogos, incrementar las campañas de sensibilización, etc.
El problema, advierte la oposición, es que todas estas medidas requieren recursos. Por ello, exigirán que el pacto se acompañe deuna memoria económica. “Se le ha acabado al Gobierno el tiempo de las imposturas”, advierte la socialista Ángeles Álvarez.
Cabe destacar que el acuerdo se está fraguando en medio de un alto repunte de las víctimas mortales. En lo que va de año han fallecido 27 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, ocho más que en el mismo periodo del 2016.
