El Defensor del Pueblo Andaluz advirtió ayer sobre la existencia de «carencias, insuficiencias e inequidades» para acceder a los derechos que regulan la ley de muerte digna y sostuvo que «muchos pacientes tributarios de cuidados paliativos fallecen sin llegar a recibirlos». Así consta en el informe especial Morir en Andalucía. Dignidad y derechos elaborado por esta institución, que ha sido entregado al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, por el Defensor andaluz, Jesús Maeztu.
El informe valora muy positivamente la denominada ley andaluza de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, del 2010, un «referente» para el resto de comunidades, de la que asegura que sus derechos y garantías «se respetan y se cumplen». Sin embargo, advierte de la existencia de «carencias, insuficiencias e inequidades que impiden afirmar» que dichos derechos están plenamente garantizados y se respetan por igual en toda la comunidad.
Maeztu valoró el esfuerzo de la administración sanitaria andaluza para la atención y asistencia de las personas que afrontan una enfermedad terminal, pero cree que «no ha sido suficiente» para cubrir la demandas de la población, ni las que se prevén a corto, medio y largo plazo por el envejecimiento y los avances médicos.
Como principales carencias, el informe detecta la «evidente falta de equidad» en el despliegue de medios y recursos del sistema de cuidados paliativos en la comunidad y recoge que la distribución territorial supone una «clara discriminación» entre territorios, que especialmente perjudica a las personas que viven en zonas rurales. La atención paliativa de las personas menores de edad constituyen, además, uno de los aspectos «más deficitarios» del sistema por su «falta» de respuesta y la «carencia» de pediatras paliativos.
El Defensor considera «imprescindible» actualizar el plan andaluz de cuidados paliativos, propone que se realice un estudio de cómo mueren los andaluces y que el plan ponga «limites» a la diversidad de modelos que existen.
El informe afirma que se ha mejorado el derecho de las personas a formular anticipadamente sus voluntades vitales, pero destaca el «escaso» número de declaraciones registradas. De hecho entre el 2004 y el 2016 el número de declaraciones de voluntad vital anticipada fue de 33.555, una cifra «significativamente baja», cuyo ejercicio el Defensor califica de «poco menos que excepcional por el escaso conocimiento» de la ciudadanía.
EUTANASIA
Maeztu se mostró partidario de abrir en la comunidad un debate social y político sobre la eutanasia y el suicidio asistido, asuntos cuya posible legalización «llegará sí o sí y que se abre paso». El Defensor esgrimió que en este asunto priman los aspectos «éticos y morales» sobre las consideraciones políticas y jurídicas. Para abrir este debate señaló que lo correcto es que se genere en el Parlamento.
