Considerada el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Lapad) ha entrado en fase crítica a los apenas cinco años de su nacimiento. "La falta de financiación y la crisis económica la están ahogando", coinciden en su diagnóstico Margarita León, profesora del Universidad de Autónoma de Barcelona, y Angeles Durán, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El superávit estatal desapareció en el 2007, las autonomías elevaron su endeudamiento y los particulares, con bajas pensiones, han hecho casi testimonial el copago. Además, según León, otro de los grandes problemas ha sido su diferente implantación. Así, Andalucía cuenta con el 30% de los dependientes de toda España, mientras que en Madrid el porcentaje es del 5,4%. José Ramón Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, considera que la perpetuación de los cuidadores familiares, previstos en la ley como hecho excepcional, "ha supuesto un lastre para el sistema".

"La ley de la dependencia me recuerda el quebrado pilar de algunas ruinas griegas. No otra cosa podía esperarse de una ley tan mal parida y mal alimentada", resume Alberto Zurrón, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de la Dependencia de Asturias.