Federico Vidal es uno de los 306 jueces que se quedará sin juzgado después de licenciarse en Derecho, superar unas duras oposiciones, pasar por la Escuela Judicial y hacer de juez adjunto. "Es un fraude a la sociedad, porque nuestra formación le cuesta al Estado 18.000 euros (3.000 millones de pesetas) todos los años", dice el profesional, residente en Blanes.
Vidal sostiene que no es el prototipo de juez, ya que tiene 52 años y la media de edad de sus compañeros está en torno a los 30. A diferencia de la mayoría, él ejerció de abogado civilista durante 25 años en Barcelona y Girona. "Me sentía como estancado, con falta de expectativas y decidí hacerme juez".
"Tenía vocación --asegura-- y, cuando lo consigo, me encuentro con esto. Lo aceptaría si hubiese suficientes juzgados y la gente estuviera bien atendida, pero no es el caso, ni muchísimo menos". Vidal sostiene que la situación creada es de "auténtico despilfarro social". Asegura que en la escuela judicial el sentimiento es de "desánimo".
