Instituciones como la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo y del Menor hicieron ayer un llamamiento a la prudencia y responsabilidad de los medios de comunicación ante la gran presión que están ejerciendo sobre los menores implicados en el caso de la presunta violación de Jaén y sus familias.

El Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, Jesús Maeztu, advirtió ayer de que el hecho de que no sean los menores imputables «no quiere decir que los agresores se vayan de rositas». Maeztu rechazó en cualquier caso endurecer la Ley del Menor para casos como ése y abogó por un programa de reeducación para evitar los abusos. El defensor confirmó que la institución que dirige ya abrió una investigación sobre el caso. El Gobierno andaluz fue el más activo a la hora de reclamar «cautela y respeto» para garantizar la protección e intimidad de los menores, tanto de la presunta víctima, un niño de 9 años, como de los supuestos agresores, cuatro compañeros de entre 12 y 14 años de un colegio de la comarca de Cazorla (Jaén). La presidenta de la Junta, Susana Díaz, aprovechó una visita a la Línea de la Concepción (Cádiz) para pedir a los medios de comunicación «respeto» a la familia del menor y ha lamentado la «presión mediática desproporcionada» que se está produciendo a las puertas del domicilio de la familia. La presidenta dijo que lo primero es «proteger los datos del menor» y ha ahondado en que, «después, hay que aplicar toda la contundencia para saber qué ha pasado, y la Fiscalía de Menores y la Delegación del Gobierno deben llegar hasta el final».

En cuanto al papel de los medios de comunicación, Maeztu les ha pedido un comportamiento responsable para proteger la intimidad de los menores y sus familias, y ha esgrimido que las instituciones que investigan el caso “necesitan un espacio de silencio”.

En esa misma línea se han expresado las consejerías andaluzas de Políticas Sociales y de Educación, que han pedido protección para los menores, especialmente el agredido, para evitar que se le victimice doblemente con la presión social y mediática.

La consejera de Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha considerado conveniente que el menor y su entorno recuperen la normalidad, que el niño pueda volver a clase y que “no sienta que, además de la violencia sexual”, sufre la presión social.

A la necesidad de la reeducación se ha referido también el juez de Menores de Granada Emilio Calatayud, quien ha pedido que se deje trabajar a la justicia y ha apostado por una mayor educación y autoridad como forma de combatir en el futuro estos delitos.

El titular del Juzgado de Menores 1 de Granada, conocido por sus sentencias ejemplarizantes, ha solicitado además que no se hagan “espectáculos” y ha considerado necesario “dejar claro” que se trata de un hecho “muy poco habitual” y que los colegios son seguros.

“Cuando hay niños de 12 años que sólo están pensando en el sexo y en violar en lugar de jugar a policías y ladrones, es que nos hemos equivocado en todo”, ha indicado el juez.

Calatayud ha asegurado que hay que dejar “que los niños sean niños” y no empujarlos a ser “adultos prematuros”, al tiempo que ha recordado que hay muchos menores que han visto pornografía, que está “a un clic de sus teléfonos inteligentes” en una sociedad del “todo vale para vender”. EFE

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Agencia EFE

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