La decisión de la juez de instrucción número 2 de Granada abatió ayer al entorno de Juana Rivas. Su hermana, que el martes la acompañó el juzgado, cuando decidió salir del escondite donde permaneció con los niños casi un mes, reconoció que la familia está «mal» ante el giro que ha tomado el caso. La magistrada ha decidido imputar a todos los allegados de Rivas hasta el segundo grado de consanguinidad, así como a sus asesoras, Francisca Granados y Teresa Sanz, del centro municipal de la mujer de Maracena, la localidad granadina donde vive la madre.
Además, su auto es contundente y la amenaza con tomar «medidas cautelares» si el lunes no devuelve los niños, de 3 y 11 años, al padre, el italiano Francesco Arcuri.
El padre de Rivas reconoció que ante el ultimátum judicial su hija «tendrá que entregar» a sus hijos y señaló que en la familia están «machacados» ante la idea de que le «van a quitar» a los niños. En su opinión, la justicia «no ha escuchado» a su hija y ha dado más credibilidad a «un hombre de viene de Italia con un papel» que a Rivas. El país vecino otorgó la custodia de forma provisional a Arcuri, pese a que fue condenado por maltrato en España el 2009, y los tribunales españoles no han suspendido dicha decisión, pese a los intentos sucesivos de Rivas.
El padre, por el contrario, rompió el silencio de los últimos días y se mostró ayer confiado en que el caso «se acabe» pronto, si bien destacó también su preocupación por la situación de los niños y la reacción de su expareja una vez conocido el revés judicial. Arcuri presentó ayer un recurso de apelación contra el auto que dictó el pasado martes el juzgado en funciones de guardia y por el que su expareja quedó en libertad con cargos.
