La asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) teme que la ley del 2010 que incluyó el aborto en la cartera de prestaciones de la sanidad pública sea modificada a medio plazo, y que esta prestación deje de ser financiada por la sanidad pública. Los representantes de ACAI, que recientemente se reunieron con Sagrario Pérez, directora general de la cartera básica de servicios del Ministerio de Sanidad, temen que el Gobierno devuelva el aborto a la situación en que estuvo entre 1986 y el 2009, periodo en que no estaba financiado.

Entre dichos años estuvo en vigor la ley que despenalizaba tres supuestos, por lo que era posible abortar legalmente si la embarazada se acogía a uno de ellos.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aclaró que la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías va a evaluar la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) "como cualquier otra prestación", de cara a definir la nueva cartera de servicios comunes que incluye el paquete de reformas aprobado por el Gobierno.

Así lo aseguraron fuentes del departamento de Ana Mato a Europa Press, después de que la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) dijera que se iba a analizar su exclusión de esta prestación de la cartera básica de prestaciones. En este sentido, desde Sanidad insistieron en que se analizarán todas las prestaciones sin que haya nada específico sobre el aborto. Asimismo, recordaron que el objetivo de dicha evaluación es ver si las prestaciones incluidas se están aplicando bien o si hay que cambiar algo.