En ningún momento ella dijo no, en ningún momento se negó, en ningún momento ella se sintió incómoda». Estas palabras son de José Ángel P., el Prenda. Las dijo en el 2016 ante el juez que le investigó a él y a otros cuatro miembros de La manada, entre ellos un guardia civil y un militar, por la supuesta violación de una joven en las fiestas de San Fermín del 2016. Ayer fue el primero de los acusados en declarar en el juicio que se celebra en la Audiencia de Navarra y siguió el mismo guion, negando que la chica se hubiera resistido a mantener sexo. Sin embargo, admitió que en ningún momento la mujer expresó verbalmente su consentimiento a tener relaciones con la pandilla, según el abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa. Los otros cuatro acusados también declararon que nunca forzaron a la joven y reconocieron que no hubo por parte de ella permiso expreso. Según el letrado de la acusación: «Han dicho que ya se sabe cuando una mujer quiere».

OBLIGADA A HACER FELACIONES

Los procesados creyeron, según su parecer, que la joven estaba conforme con mantener relaciones sexuales por sus «gemidos» y porque «participó activamente», según los abogados presentes en el juicio, que es a puerta cerrada. No obstante, los policías forales que analizaron los vídeos grabados por los acusados han sostenido que la chica no gimió, sino que eran chillidos de dolor al ser penetrada, y que su actitud era «neutra y pasiva». También fue obligada a hacer felaciones. El militar investigado reconoció que borró uno de los vídeos más largos. «Yo borro los vídeos», alegó.

Ante el Palacio de Justicia de Pamplona se concentraron 500 personas para pedir justicia y denunciar las agresiones machistas. El grupo coreó lemas como «Yo sí te creo» y «Venimos en manada, no estás sola». Esto obligó al tribunal a suspender un tiempo la declaración de los acusados por el ruido que se generó.

La fiscal realizó un interrogatorio muy minucioso («puntilloso», según un abogado) que abarcó desde el día en que los jóvenes llegaron de Sevilla a Pamplona hasta que fueron detenidos por la presunta agresión. El Prenda repitió una y otra vez que la joven no se resistió a entrar en el portal de la casa. Ya lo dijo en el 2016 cuando declaró voluntariamente. «Ella estaba tan metida en buscar sitio como nosotros. Entró [en el portal] por su propio pie. En silencio estábamos todos por los vecinos y ella era la primera que estaba mandando callar», declaró ante el juez instructor.

«MIENTEN COMO BELLACOS»

«Cada uno nos poníamos delante y ella agarraba al que quería en ese momento», explicó el Prenda con todo lujo de detalles, para después añadir: «Se mostró cómoda con nosotros. No sé el motivo que le ha llevado a denunciar, ni con qué intención lo ha hecho», insistió en el 2016 el procesado. Y añadió que la chica dijo que «podía con dos, con tres o con cinco, lo que haga falta». La acusación se agarra a esta frase para decir que los investigados mienten, pues la denunciante, en un principio, relató que solo la agredieron cuatro personas. «Mienten como bellacos», afirmó el abogado de la víctima.

Todos los acusados negaron que obligaran a la joven madrileña a entrar en un portal de la calle de Paulino Caballero de Pamplona y a tener sexo con ellos. En ese edificio, según la fiscalía, el grupo la condujo al segundo piso, a un pasillo sin salida que da acceso a los cuartos de servicio. Allí abusaron de ella. Uno dijo en su declaración voluntaria del 2016 que cómo se le podía atribuir una violación si su novia había sido también agredida sexualmente.

EL GUARDIA CIVIL ROBÓ EL MOVIL / A pesar de sus manifestaciones exculpatorias, los cinco siguen en prisión. Contestaron las preguntas del fiscal, la acusación particular y las defensas, pero no las de los abogados del Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Foral, que son la acusación popular, al considerar que son «seudopolíticas». Los abogados presentes en el juicio explicaron que los procesados se muestran tranquilos y se explayan en sus explicaciones. El guardia civil acusado confesó que robó el móvil de la chica, pero que lo tiró después de ser identificados y antes de ser detenidos. «Fue un error. Un ataque de avaricia», precisó, según fuentes judiciales. La fiscalía solicita 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los investigados.