La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) denunció que la sentencia a Juana Rivas condena tanto a la acusada como a sus dos hijos, que pierden el vínculo con su madre a pesar de que «todos» los informes de especialistas «confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora».

En un comunicado difundido por este colectivo, las juezas se pronunciaron así después de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada condenase a Rivas a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos, así como a indemnizar al padre, Francesco Arcuri, con 30.000 euros y al pago de las costas, incluidas las de la acusación.

Este fallo, dicen, «que se percibe como decisiones desproporcionadas o dictadas al margen de la realidad social» es producto de ignorar la «obligación» de integrar la perspectiva de género en la aplicación del derecho, de forma que se pueda interpretar la norma salvaguardando los derechos humanos.

MANDATOS LEGALES / AMJE recuerda que recientes pronunciamientos judiciales, como la sentencia de la sala segunda del Tribunal Supremo del 13 de junio del 2018, integraron el «mandato» de aplicar la perspectiva de género y atender las «circunstancias que pueden darse frente a quien denuncia ser víctima de violencia machista».

La asociación quiso recordar que en el 2014 el Comité Cedaw de la ONU recomendó a España, en un dictamen a raíz del asesinato de la hija de Ángela González, que se tomaran «medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica fueran tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos».

AMJE insistió en su misiva en que no se sigan «ignorando» esos mandatos legales y jurisprudenciales para «dejar de ser herederos y herederas de una justicia patriarcal que la sociedad no tolera y la comunidad internacional condena» y mantener la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Esta organización también advirtió de que en los tribunales se sigan manejando «estereotipos» como el que describe al maltratador como un ser «primario y atávico» o el que cuestiona el testimonio de una mujer «por no haber denunciado los hechos mientras el maltrato se producía». Esterotipos como esos, añadió este grupo de juezas, llevan inevitablemente a «valoraciones de la prueba e interpretaciones de la norma que, aunque legales, corren el riesgo de consagrar una manifiesta injusticia».