Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas por la posible existencia de una infracción penal tras admitir a trámite una denuncia presentada por 15 médicos del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital La Paz-Carlos III de Madrid por las medidas adoptadas contra el ébola. La jueza de Instrucción número 21 de Madrid, María Teresa Abad, ha solicitado al centro que remita documentación acreditativa de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del personal y la formación proporcionada al mismo en relación con los hechos denunciados. También pide al centro sanitario la relación de los asistentes a los cursos de formación y quiénes los impartieron, además de la lista de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que estuvieran en contacto con el virus.

La juez también reclama a la Inspección de Trabajo que remita las actas o informes instruidos en relación con los hechos objeto de la denuncia, en la que se señalan posibles delitos contra la salud pública y contra la seguridad de los trabajadores.

En su resolución, la instructora señala que "los hechos que resultan de las actuaciones presentan las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". El Ministerio Fiscal, que ya estaba investigando los mismos hechos, ha detenido su investigación en cuanto tuvo conocimiento de que una magistrada había admitido a trámite una denuncia de médicos y ha remitido a la magistrada todo lo que ya ha investigado.

Los médicos denunciaron que desde que la dirección de La Paz comunicó el 25 de abril a su servicio de medicina intensiva que el hospital había sido designado centro de referencia para detección y tratamiento del ébola, los médicos empezaron a denunciar "la necesidad de una infraestructura, medios y formación". Tras una carta remitida el 29 de abril al consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez, a los miembros de urgencias, medicina interna y medicina intensiva se les prometió una formación adecuada con talleres prácticos, según los denunciantes.

CONSTANTES RECLAMACIONES En su lugar, señalan, el servicio de Protección de Riesgos Laborales del hospital ofreció en julio "a los interesados" una charla explicativa de unos 45 minutos y la exhibición de unos trajes de protección "sin las condiciones de seguridad requeridas". En agosto, ante la inminente llegada del primer misionero infectado, volvieron a exigir la puesta en marcha de las medidas de seguridad, algunas de las cuales fueron subsanadas al "reasignarse el hospital Carlos III como centro de referencia" en vez de La Paz, añaden. Aunque el jefe de servicio aseguró en un comunicado haber cumplido las peticiones, los denunciantes aseguran que no fue así, ya que "la estructura de las habitaciones de hospitalización y sus esclusas no reúnen las condiciones para garantizar la seguridad del paciente y del personal".

La denuncia añade que los trajes no eran los adecuados y que no se recibió formación correcta sobre su colocación ni especialmente su retirada. El 6 de octubre, continúan, llegaron los trajes solicitados pero no la formación ni la ampliación de las esclusas cuyo reducido tamaño dificulta la retirada de la vestimenta y descontaminación del equipo.

Tras conocer la apertura de la investigación, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, defendió que los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad y la OMS "se han cumplido exacta y fielmente". Y agregó que se siguieron "en todo momento" las directrices marcadas por la comisión de coordinación creada por le Gobierno tras el contagio de ébola de la auxiliar de enfermería Teresa Romero.

"Hemos tomado todas las medidas oportunas, y gracias a eso Teresa Romero ha superado el virus, al mismo tiempo que no ha habido ningún infectado más. Esta es la buena noticia", dijo, antes de añadir que "desde luego" el Gobierno "respeta cualquier tipo de actuación".