El «milagro» en el que confiaba Juana Rivas no se produjo y su abogada no logró suspender la sentencia que la obligaba a entregar ayer a sus dos hijos menores a su padre, condenado por violencia de género y residente en Italia. Y como llevaba días anunciando, optó por huir. Su entorno confirmó que le perdieron la pista a las 23 horas de la noche del martes, cuando hablaron con ella. Ahora está en paradero desconocido, lo que complica su situación jurídica dado que Rivas podría enfrentarse además a un posible delito de desobediencia.

Hasta el último minuto, su abogada y la responsable del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, intentaron frenar lo inevitable con la Fiscalía de Familia. No sirvió de nada. «Ha sido la experiencia más frustrante de mi vida respecto al sistema judicial», dijo Granados, quien no obstante presentará en los tribunales un escrito con informes psicológicos de los menores, de 3 y 11 años, y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

LA ENTREGA / Los niños, por tanto, debían acudir ayer a las 16.30 horas al punto de encuentro familiar de Granada. Hasta allí se desplazó Francesco A., expareja de Rivas. A los 20 minutos, se marchó sin los críos y los responsables del centro comunicaron al juzgado la incomparecencia de la madre. La jueza había solicitado el auxilio de la Unidad de Familia de la Policía Nacional en caso de que la madre «obstaculizara» la entrega de los menores, por lo que ahora serán estos los encargados de localizar a Rivas y sus hijos, a quienes decenas de vecinos expresaron su apoyo con una concentración en la localidad.

Más allá de la disputa entre progenitores por los niños, ambos difieren en el enfoque jurídico. El letrado del padre lamenta la «instrumentalización» del caso porque se trata de un «secuestro interparental», ya que la familia residía en Calafonte (Italia) desde el 2013 hasta que en el 2016 Juana se desplazó a Granada ocultando sus intenciones de instalarse definitivamente allí. Una sentencia del juzgado de primera instancia número 3 de Granada (ratificada por la Audiencia provincial) apela a la aplicación de un convenio internacional sobre traslado ilícito de menores y obliga a que los niños regresen al país transalpino. Sin embargo, Juana asegura que huyó por «la insostenible situación de violencia psicológica y física». Según el relato de su entorno, los problemas surgieron casi desde el inicio. En el 2009, ella le denunció por lesiones y fue condenado a tres meses de cárcel y un año de alejamiento. Sin embargo, se volvieron a unir y se instalaron en Cerdeña, donde nació su segundo hijo.

Pero las cosas no mejoraron, y en el 2016, aprovechando las vacaciones de verano, Juana regresó a España, donde puso su situación en conocimiento de la justicia y denunció de nuevo al padre de sus hijos. Según reprocha Granados, el juzgado de Violencia de Género se declaró inicialmente no competente, pero un recurso llevó a que la fiscalía pidiera al juzgado que hiciera valer la denuncia de España ante la justicia italiana. Sin embargo, explica, desde hace seis meses la denuncia sigue en un cajón esperando a ser traducida al italiano.

Mientras la madre aseguró el martes que sus hijos están siendo conscientes de lo que ocurre, e insiste en que «es peligroso que vuelvan con su padre», su abogada critica que se aplique la sentencia del juzgado cuando aún no hay sentencia firme y cuando el fallo de la Audiencia ha sido recurrido por infracción procesal. Y recuerdan que la legislación española, y el Convenio de Estambul, ya otorga a los menores hijos de víctimas de violencia de género esa misma consideración.

En este mismo sentido se han pronunciado tanto la Junta como el Defensor del Pueblo Andaluz, que coinciden en que, con la ley en la mano, los niños deben volver con su padre y a partir de ahí comenzar la búsqueda de la solución. Eso no quita para que la situación sea «terriblemente injusta», como la tildó la propia administración regional, y que el Defensor trabaje ya para que los niños «estén en un clima de no violencia».