Un euro puede dar al traste con los planes de Christian Postigo, un estudiante malagueño de 20 años con expediente de sobresaliente a quien el Ministerio de Educación deniega una beca porque al contabilizar una ayuda del plan Pive (un incentivo para la compra de automóviles) los ingresos familiares superan el límite fijado para acceder a las ayudas al estudio del Gobierno. La familia Postigo supera por 1,04 euros el límite de incremento de patrimonio.

El joven estudia el segundo curso del Grado Superior de Educación Infantil en Málaga, adonde se desplaza todos los días desde Álora, el municipio donde reside. Cien kilómetros diarios que pagaba gracias a la beca anual de 2.500 euros que le han dado los últimos tres años. La nota media de 9,4 le abrió la posibilidad de empezar Magisterio el próximo curso. La renta anual de la familia Postigo no supera los 8.500 euros -el padre, albañil autónomo, sobrevive como puede tras el estallido de la burbuja inmobiliaria-.

Ante la escasez de trabajo en Álora, y la mala salud del progenitor, en el 2015 decidieron comprar un coche nuevo -«Uno modesto, no un artículo de lujo»-, porque el que tenían estaba «inservible». Necesitaron incluso el aval de un familiar y, al adherirse al plan Pive, recibieron un descuento de 750 euros del concesionario y otro, también de 750 euros, del Gobierno. Pero no fueron conscientes de que esas ayudas computaban en la declaración de la renta como incremento de patrimonio, una de las casillas que se miran al conceder las becas.