El arzobispo de Granada, Javier Martínez, no solo dio credibilidad al relato de los supuestos abusos sexuales cometidos por varios curas del clan de los Romanones, apartando a los cuatro sospechosos, sino que transmitió sus sospechas a la Congregación de la Fe en Roma. Según el expediente que remitió al juzgado tras recibir un ultimátum, Martínez apunta que la investigación interna concluye que hay "apariencia de delito" en el relato que hace la supuesta víctima de los abusos sexuales. Y señala la conveniencia de que las pesquisas se extiendan a todo el grupo, "compacto y muy cerrado", ante la posibilidad de que algunos miembros "hayan sido víctimas convertidas con el paso del tiempo en cómplices en mayor o menor grado".
La acusación particular y la popular esgrimen ahora estos datos para subrayar la responsabilidad civil subsidiaria del arzobispo, al que quieren citar a declarar como testigo, y apuntalar la tesis de "asociación ilícita". De esta manera, intentan evitar que la Audiencia de Granada archive parte del proceso judicial al haber prescrito gran parte de los delitos. Con dicha prescripción, aceptada por la fiscalía, el juicio solo se seguiría para el padre Roman, cabecilla del grupo.
La defensa, sin embargo, reduce las afirmaciones a "meras conjeturas", ya que se basan únicamente en la entrevista realizada a la víctima tras destaparse su caso al contárselo en una carta al papa Francisco.
El caso se hizo público el pasado noviembre, cuando fueron detenidos el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C. dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente doce personas. Sin embargo, el pasado 14 de febrero el titular del juzgado, Antonio Moreno, declaró prescritos todos los delitos salvo los atribuidos al principal acusado, el padre Román. Las acusaciones presentaron un recurso que verá la Audiencia de Granada el 15 de septiembre.
