La investigación interna que llevó a cabo un sacerdote del Arzobispado de Granada tras destaparse los supuestos abusos sexuales cometidos por un grupo de religiosos y seglares conocidos como 'Clan de los Romanones' concluyó que de las declaraciones de la víctima y los supuestos agresores se desprendía una "apariencia delictiva", o 'fumus delicti', según consta en uno de los informes remitidos al juzgado que instruye el caso.

Fue el pasado mes de mayo cuando el juzgado de instrucción 4 de Granada reprendió al arzobispado y le conminó a remitir toda la documentación que obraba en su poder, especialmente las entrevistas que el instructor eclesiástico realizó a los supuestos autores de los abusos y a la propia víctima. El arzobispo dilató la entrega con el argumento de que necesitaba la autorización del Vaticano al ser una investigación fuera de las competencias de la justicia ordinaria civil.

APARIENCIA DELICTIVA

Fuentes del caso han confirmado ahora que en la documentación remitida se haya un informe en el que se aprecia esa apariencia delictiva. No obstante, en declaraciones a la agencia EFE, el letrado defensor de los curas implicados -liderados por el padre Román M.V.C- subraya que no se trata de conclusiones sino de "meras conjeturas" extraídas de una incipiente investigación y basada únicamente en la declaración del denunciante, el joven de 24 años que el pasado verano puso su caso en conocimiento del papa Francisco, que fue quien le instó a denunciar su situación y obligó a la curia de Granada a iniciar una investigación.

De esta forma, el abogado defensor quita hierro al informe y considera que carece de "relevancia penal", incidiendo en que la investigación eclesiástica no tiene influencia en la jurisdicción civil. Asimismo, tras apuntar que el expediente canónico no tiene "base probatoria", insiste en que "nunca habla de certeza o convencimiento, solo de una hipotética apariencia, lo cual es lo mínimo para haber acordado una medida cautelar eclesiástica".

El expediente, avanzado este lunes por el diario 'El País', incluye la recomendación de que no sea el tribunal eclesiástico de Granada quien juzgue los hechos de esta investigación interna, dados los vínculos de "amistad" y "compañerismo" que tienen algunos de los sacerdotes imputados con los miembros de ese jurado al formar parte del mismo.

DENUNCIA DE UNA VÍCTIMA

El caso se destapó el pasado mes de noviembre, cuando se hizo pública la denuncia de la supuesta víctima y, poco después fueron detenidos el considerado líder del grupo, el padre Román, junto a otros dos sacerdotes y un profesor de Religión. Todos ellos quedaron después en libertad, aunque apartados de la actividad eclesiástica y educativa. En total fueron imputados en el caso 12 personas y aparecieron testimonios de otras víctimas del grupo, aunque finalmente el juez decidió seguir adelante la instrucción solo contra Roman M.V.C, al considerar que el resto de delitos, en su mayoría de encubrimiento, estaban prescritos. No obstante, tanto la acusación particular como la popular, ejercida por la asociación Prodeni en defensa de los derechos de los niños, han recurrido esta prescripción.

La instrucción ha puesto además en tela de juicio la actuación del arzobispo de Granada, Francisco Martínez, que llegó a postrarse en el suelo ante el altar mayor de la Catedral para pedir perdón por lo ocurrido, aunque en varias ocasiones ha sido apercibido por el juzgado por su poca colaboración. En la misma línea, la supuesta víctima también criticó la escasa comprensión que encontró en su entrevista con Monseñor Martínez, quién le llegó a decir que los curas señalados "también eran unas víctimas".