Una jueza de Archidona (Málaga) ha dictado una orden de detención contra una mujer que no entregó a sus dos hijas a su exmarido, de nacionalidad griega, el pasado julio. Carmen Palomino, de 41 años, se encuentra desaparecida desde esas mismas fechas, y está siendo investigada por un presunto delito de sustracción de menores. Fuentes judiciales han confirmado que la mujer había presentado una denuncia de violencia machista en mayo contra su expareja, y que de hecho la jueza acordó, a petición del fiscal, una orden de protección para ella.
La orden de detención y presentación, dictada el pasado 14 de agosto por el mismo juzgado que tramita la denuncia por malos tratos, tiene por objetivo tomarle declaración por la posible sustracción ilícita de los menores. Según confirmó el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, a raíz de que no se presentase en el punto de encuentro familiar para entregar a las menores, dos niñas de 7 y 5 años, su expareja formuló una denuncia en su contra, «lo que motiva esta reacción del jugado cumpliendo los mandatos judiciales», matizó. «En estos momentos se desconoce su paradero».
El caso de Carmen guarda grandes paralelismos con la situación de la granadina Juana Rivas, que también estuvo desaparecida cerca de un mes para evitar tener que entregar a sus hijos a un padre condenado por maltrato hacia ella en el 2009, y que finalmente se vio obligada por la justicia a entregar a los dos hijos a su progenitor. La malagueña contrajo matrimonio con un ciudadano de nacionalidad griega, con el que tuvo dos niñas y del que finalmente se acabó separando.
Pese a haberse instalado en Archidona, una pequeña localidad de apenas 8.500 habitantes donde también reside su familia, Carmen llevaba tiempo sin ser vista por las calles del pueblo, lo que indujo a sus vecinos a suponer que había vuelto con su pareja y, dado que él pasaba largas temporadas fuera por motivos de trabajo, le había acompañado, según avanzó el diario Málaga Hoy. Desde el ayuntamiento y la Junta de Andalucía confirmaron que la mujer no era usuaria de los servicios municipales o regionales de atención a la mujer ni les trasladó ser víctima de malos tratos.
No obstante, el pasado 30 de mayo presentó una denuncia por violencia de género contra su expareja. Después de escuchar a ambos y a varios testigos, la jueza decretó, a petición del fiscal, una orden de protección, al tiempo que mantenía abiertas las diligencias para investigar lo sucedido. El pasado julio solicitó de oficio a la Unidad de Valoración de Violencia de Género de la Junta de Andalucía un informe psicológico para «analizar la veracidad de la declaración judicial» de Carmen y tomó declaración a nuevos testigos.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, señaló ayer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscan a la mujer. «Por parte de los cuerpos policiales se está desarrollando todas aquellas actividades lógicas atendido a la petición del juzgado de búsqueda y localización de la persona», indicó Sanz, quien añadió que «en estos momentos se desconoce el paradero» y «no hay ninguna novedad» sobre esa decisión del juzgado «motivada porque a finales de julio no se persona la madre con las dos hijas en el punto de encuentro familiar para entregárselas al padre».
