Que el Gobierno no tiene demasiada prisa por sacar adelante su polémica ley del aborto ha pasado de ser una sospecha a convertirse en una obviedad, hasta el punto de que el ministro que está encargado de su elaboración, Alberto Ruiz-Gallardón, se permite ya hablar del asunto con tono jocoso. "Yo creo que estoy en condiciones de decirles que el proyecto se aprobará antes de que termine el verano (...) y para mí el verano acaba exactamente igual que para el Instituto Nacional de Meteorología, no sé qué día exactamente de septiembre", dijo ayer a los periodistas tras intervenir en los cursos de verano de San Lorenzo de Escorial (Madrid).
De esta forma, el titular de Justicia venía a reconocer que su proyecto estrella ya no es prioritario para el equipo de Mariano Rajoy, que ha constatado cómo buena parte de la sociedad y, lo que es más llamativo, de su propio partido, han manifestado en los últimos meses reticencias ante una propuesta que busca sustituir la vigente ley de plazos por una de supuestos pero que, al poner enormes trabas administrativas a la mujer para permitir la interrupción del embarazo por motivos psicológicos y pretender dejar fuera la malformación del feto como causa de despenalización, resulta más restrictiva que la que estuvo vigente entre 1985 y el 2010.
ELECCIONES DEL 2015 El calendario tiene su importancia en este caso, puesto que un retraso importante (aún está por ver si se produce) podría dificultar su tramitación en el Congreso dada la cercanía de las elecciones autonómicas y locales del 2015, como reconocen algunos diputados del PP en conversaciones privadas y como ayer se encargó de recordar, públicamente, el antiabortista Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia. "No entiendo ya más retrasos. Si no se aprobase la ley en lo que queda de julio, estaría preocupadísimo, salvo que haya una explicación pública de motivos que sean razonables para este retraso", apuntó. Blanco añadió que cuanto más se aplace la aprobación del proyecto sobre el aborto será peor para el colectivo que él representa, alegando que un periodo preelectoral "no es el idóneo para debatir una ley que requiere cierto sosiego".
La agenda política tampoco sopla a favor del proyecto de Gallardón: si el pasado viernes en el Gobierno se decía que era complicado aprobar la ley de aborto el mismo día que el rey Felipe VI presidía el consejo de ministros, esta semana se recalca que sería darle un regalo al PSOE impulsar dicha norma el día 25, en vísperas del congreso extraordinario de los socialistas. El siguiente consejo, que se celebrará el día 1, se cerrará posiblemente con una rueda de prensa de Mariano Rajoy, por lo que resulta bastante improbable que se quiera dejar en manos del presidente la gestión mediática de tan polémica iniciativa.
LISTA DE MALFORMACIONES En todo caso, las fuentes consultadas hacen hincapié en que será la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien, tras consultar con Rajoy, tenga la última palabra sobre cuándo debe introducirse el proyecto en el índice del Consejo de Ministros, pudiendo cambiar de criterio a última hora. En la dirección del PP se espera con tensión la decisión final. Desde la pasada navidad, cuando Gallardón presentó el primer informe sobre la ley que pretendía sacar adelante, se ha producido una lluvia de quejas por parte de miembros del partido. Ayer sin ir más lejos, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, reiteró que le disgusta la propuesta que defendió ya hace seis meses el ministro de Justicia y que espera una ley final que concite "el máximo consenso".
Destacados cargos de la cúpula popular y barones territoriales reclaman desde hace tiempo a Rajoy una reflexión del Gobierno antes de aprobar una norma que, a buen seguro, podría alejarles de su electorado de centro. El mediocre resultado que los populares cosecharon en las urnas en mayo, con motivo de las elecciones europeas, ha reforzado esa idea. Y ha propiciado que desde entonces el Ministerio de Justicia haya estado trabajando sin pausa (creyendo que el anteproyecto estaría en el paquete de leyes que el Ejecutivo quería aprobar sí o sí en julio) para suavizar su discutida ley, basándose en las recomendaciones recogidas en la más de una treintena de informes que distintos órganos consultivos han hecho llegar al ministerio. Se da por seguro que la presión social e interna del PP hará que la nueva norma, si resulta aprobada en esta legislatura, termine incluyendo una lista de malformaciones severas (que no discapacidades como el Síndrome de Down) que, de detectarse en el feto, serían "determinantes" para poder abortar. Y que la gestante tendría que manifestar y acreditar "incapacidad absoluta" para interrumpir su embarazo en caso de que las pruebas prenatales alerten sobre discapacidad. El equipo de Gallardón sopesaba también que en vez del aval de dos médicos se necesitase sólo uno para acreditar el riesgo para la salud de la madre.
