El Gobierno respondió ayer a la ola de indignación generada por la sentencia de La Manada abriendo la puerta a una reforma del Código Penal. El ministro de Justicia, Rafael Català, ha movilizado a su departamento para valorar si la tipificación de los delitos sexuales, que data de 1995, de la época de Felipe González «está convenientemente reflejada o es preciso actualizarla», mientras la fiscalía de Navarra ha anunciado su intención de recurrir el veredicto. Sigue considerando que los hechos son constitutivos de agresión sexual y no de abusos.

Será la sección penal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia la que emitirá un primer dictamen tras el cual el Ejecutivo decidirá que camino emprender, aunque que todo parece indicar que la balanza se inclinará del lado de la reforma. «El Gobierno siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas», avisó el ministro Portavoz Méndez de Vigo, al referirse a la «deleznable» agresión sexual protagonizada por los condenados.

«Quizá haya que empezar a pensar en cambiar las calificaciones de los tipos», señaló la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Pese a que los consevadores suelen guardar la formas con los tribunales, la dirigente popular reconoció sin ambajes que la sentencia no le ha gustado. El fallo «es condenable, humanamente, de todo punto de vista», dijo, para incidir en que los hechos probados describen «una salvajada en la que ninguna mujer está a gusto» y en la que «no se puede decir que una mujer no se sienta intimidada. A mí, que la sentencia les imponga 9 años me parece poco, me gustaría que fueran más.», aclaró.

Si el Gobierno decide seguir adelante no será muy difícil que encuentre la complicidad de la oposición. El PSOE se han mostrado dispuesto a retocar la ley, aunque ha advertido que habría que hacerlo con «calma». «Quizás lo que haya que hacer es modificar ese Código Penal para dejar muy claro cuáles son los supuestos de violación y que no quede a la interpretación de los jueces, que no tienen formación ni en violencia de género ni en violencia sexual”, explicó la vicesecretaria general , Adriana Lastra.

Los socialistas también son partidarios de cambiar otra ley, la del poder judicial, para que los profesionales que trabajan en la justicia tengan una «efectiva formación y especialización» en violencia machista. Podemos anunció que prepara ya su propia propuesta de reforma para que las víctimas «no tengan que acreditar su falta de consentimiento en delitos sexuales». Los morados aclararon que no se trata de aumentar las penas, sino de clarificar los tipos penales.

Ciudadanos, que dejó pasar muchas horas hasta que valoró al sentencia, se descolgó con la presentación de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta a revisar toda la normativa en materia de prevención y lucha contra la violencia machista en todos los ámbitos. En coherencia con su escrito de calificación final emitido tras la vista oral, la fiscalía de Navarra no tardó ni 24 horas en anunciar que recurrirá la sentencia.

El Ministerio Público ha decidido recurrir en apelación por «infracción de ley» ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) al mantener su consideración inicial de que «los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y no sólo de abuso sexual», según hizo público en un comunicado.

Habrá que comprobar la composición de la sala y a que magistrado se le encarga la ponencia. Si dependiera de la voluntad de la presidenta del TSNJ es muy probable que el recurso sería estimado. Esther Erice aúna a este cargo el de miembro del Grupo de Expertos del Consejo General del Poder Judicial en violencia doméstica y de género y ha pedido que se espere a las resoluciones de las instancias superiores, la que ella preside y la del TS, porque estas pueden «solventar la dudas» de interpretación que, reconoce, ha generado la sentencia. Los abogados de los condenados ya anunciaron que van a presentar recurso, al igual que las acusaciones populares.