El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, admitió ayer a raíz del caso de Andrea Lago, la niña gallega a quien los médicos del Hospital Universitario de Santiago han aceptado finalmente sedar y retirar la alimentación artificial hasta que muera, que hace falta "fomentar la creación" de unidades paliativas pediátricas, porque las que existen "son escasas".

Actualmente, muchos hospitales españoles, como es el caso del que trata a Andrea, no disponen de un servicio de estas características y los pacientes en edad pediátrica -hasta los 14 años- reciben los cuidados paliativos en una unidad de adultos. Eso puede acabar devaluando leyes como la de la muerte digna gallega porque sin los necesarios medios económicos, materiales y humanos resulta más difícil garantizar que los pacientes y sus familias son atendidos siempre como requieren.

No solo Alonso ha reconocido este déficit. Tras el impacto del caso de Andrea, cuya madre confirmó ayer por la tarde a través de Facebook que se había empezado a "cumplir la voluntad" de que su hija no siguiera sufriendo, algunas comunidades autónomas parecen haber decidido ponerle remedio. Así, el Gobierno de La Rioja, donde unos 2.000 ciudadanos han redactado su testamento vital acogiéndose a la legislación autonómica que lo regula, anunció ayer que trabaja en la creación de su primera unidad de cuidados paliativos pediátricos, que junto a pacientes oncológicos está previsto que pueda acoger a niños con parálisis cerebrales y enfermedades neurodegenerativas incurables como la de Andrea.

Un debate adicional es si estas unidades paliativas pediátricas deberían acoger también, como defienden algunos médicos, a pacientes de 15 a 17 años, a los que la ley, como al resto de menores, tampoco permite decidir por sí mismos llegado el momento, por ejemplo, de aplicarles una sedación paliativa y dependen de la opinión de sus padres o tutores.

"GARANTIAS SUFICIENTES" Pero otra cosa es que el Gobierno central esté pensando en una reforma legislativa, algo que no sucede. Alonso, al ser preguntado ayer al respecto, negó que, como propone el PSOE, sea necesario implantar a nivel estatal una ley específica de muerte digna a semejanza de la que ya han aprobado varias autonomías, como es el caso de Andalucía. El titular de Sanidad defendió que la actual ley de autonomía de paciente ya garantiza que ningún enfermo será sometido a "una terapia innecesaria", que no habrá "encarnizamiento terapéutico" y que recibirá cuidados paliativos.

La legislación estatal, del 2002, permite que los enfermos -o sus tutores legales en determinados casos- decidan en qué términos desean ser tratados en caso de padecer una dolencia incurable avanzada y dolorosa. El personal médico está autorizado a utilizar todos los medios para evitar ese sufrimiento, aunque implique acortar el tiempo de vida que le queda al enfermo, pero en ningún caso pueden aplicar la eutanasia, es decir, actuar proactivamente para que ese fallecimiento se produzca.

La terapia que finalmente el Hospital Universitario de Santiago ha comenzado a dispensar a Andrea se queda a un paso y consiste en una sedación paliativa: se aplica una sedación profunda al paciente para que deje de sufrir y se le retira la alimentación -en este caso, la sonda gástrica-, mientras se mantiene una hidratación mínima sin la que no harían efecto los sedantes.

En un contexto en que los avances médicos han permitido alargar mucho la vida de los pacientes, un importante número de facultativos son partidarios de modificar la ley para que la eutanasia pueda aplicarse en casos extremos y deje de estar castigada por el Código Penal. El PSOE reiteró ayer que está dispuesto a abrir este debate en la próxima legislatura si hay un consenso para ello, aunque de momento se limitará a llevar en su programa electoral la propuesta de promulgar una ley de muerte digna para toda España, referida a los casos en que existe un pronóstico vital "reducido en el tiempo e irreversible".