La Fiscalía de Granada solicita provisionalmente un total de cinco años de prisión para Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años.
En el escrito de acusación, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 y previo a la celebración de juicio, el ministerio público señala las cinco instancias judiciales que, a lo largo de nueve meses, han requerido a la vecina de Maracena con distintas resoluciones la obligación de devolución de sus dos hijos a Italia, país de su residencia habitual con el padre, Francesco Arcuri.
El escrito fiscal señala que la acusada, «consciente» de las resoluciones judiciales y «con ilícito ánimo de incumplirlas», permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y «a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos». La acusación pública indica que la intención de Rivas fue ocultarse en Granada con sus hijos y «cercenar» cualquier tipo de contacto con el padre y «emplear vías ajenas» al procedimiento legalmente establecido para modificar el lugar de residencial de los menores, «sin causa alguna que lo justificara».
Según la Fiscalía, la primera resolución de restitución de los menores fue dictada el 14 de diciembre del 2016 por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada a demanda de la Abogacía del Estado por sustracción internacional del menor, seguida de otras de la sección quinta y del Juzgado de Primera Instancia número 3.
El 28 de agosto del año pasado Rivas entregó en dependencias de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de Granada a los menores, que desde entonces viven con su padre en la isla de Carloforte, al sur de Cerdeña, donde se mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la custodia definitiva.
Juana Rivas afronta la situación «con fuerza y ánimo de luchar hasta el final». Así lo ha manifestado Juan de Dios Ramírez, letrado del despacho de abogados que representa a Rivas, para quien pedirán su libre absolución. El abogado ha considerado el escrito «muy duro para una situación tan injusta como la que ha vivido», en alusión a la «violencia» de la que Juana dice haber sido víctima con su expareja.
Francisca Granados, asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena al que acudió Juana Rivas a pedir ayuda, lamentó ayer la «falta de contextualización» de su situación.
El italiano Francesco Arcuri, expareja de Rivas, está de acuerdo en líneas generales con el escrito de acusación de la Fiscalía, pero solicitará una mayor inhabilitación para ejercer el derecho de patria potestad.
