El pacto de Estado contra la violencia machista contiene un elemento clave: una dotación adicional para la lucha contra esta lacra de 1.000 millones de euros en cinco años. Como anunció la ministra de Sanidad e Igualdad, Dolors Montserrat, en el 2018 se iba a empezar con los primeros 200 millones, pero el Gobierno no ha incluido esta partida en ninguno de los decretos ley de créditos extraordinarios aprobados hasta ahora y ante los reproches de los grupos de la oposición, la política catalana acusó a estos de ser los culpables de este incumplimiento al «no estar dispuestos a votar los presupuestos» de Mariano Rajoy.

El PSOE y Unidos Podemos (UP) habían convocado de urgencia a la ministra en la comisión de Igualdad del Congreso para pedirle explicaciones y arrancarle una fecha. La socialista Ángeles Álvarez le exigió que, como muy tarde, se apruebe en marzo el decreto porque «de lo contrario, muchas de las medidas que dependen de esa dotación no se podrán aplicar hasta el 2019».

Los 200 millones deben repartirse en 100 para el Gobierno, 80 para las autonomías y 20 para los municipios. Todos destinados a 20 de las medidas incluidas en el pacto de Estado. Dada la urgencia que requieren muchas de ellas todos los grupos creyeron, y así lo dijo Montserrat a finales del año pasado, que se optaría por los créditos extraordinarios una vez bloqueda por el PNV la aprobación de los presupuestos. Pero en los primeros decretos del Ejecutivo, la violencia machista ha brillado por su ausencia.

Una de las causas de la urgencia por aprobar los decretos es que una vez estén publicados en el BOE, para que las autonomías o municipios puedan a acceder a los fondos deben presentar los correspondientes proyectos y el Gobierno tramitarlos, algo que conlleva varios meses de gestiones.

Monserrat reiteró que «la ley de presupuestos es el instrumento más válido» para llevar a cabo «los compromisos del Estado del bienestar y también los compromisos económicos del pacto de Estado de 1.000 millones en cinco años», pero aseguró que si no se aprueban las cuentas «en los primeros tres meses del año», el Gobierno buscará «instrumentos alternativos», como hacerlo mediante un crédito extraordinario, tal y como le reclamó el Congreso en una reciente proposición no de ley.

«Traiga el decreto extraordinario y se lo votaremos a favor. Otra cosa sería apoyar unos presupuestos que imponen nuevos recortes», le respondió Álvarez, con una buena dosis de incredulidad sobre el nuevo compromiso de la ministra, ya que su colega de Hacienda ha situado hacia el verano la aprobación de nuevos créditos extraordinarios.