Trece estudiantes de Erasmus fallecidas en un accidente de autocar; siete jóvenes, en un choque frontal cerca de La Jonquera, y cinco trabajadores agrícolas, al despeñarse una furgoneta en Murcia. En los últimos años las muertes por accidente de tráfico habían dejado de preocupar. Gracias a la vertiginosa reducción de accidentes de la última década, la cuestión dejó de ocupar primeras páginas, pero una sucesión de siniestros desde enero parece llevarnos al pasado. ¿Qué está ocurriendo y por qué?

Las cifras son inapelables. La siniestra estadística ha dejado de mejorar en los últimos dos años y desde primeros del 2016 se vive un intenso repunte, del 11%. Casi todos los expertos consultados coinciden en el diagnóstico: los cuatro años del equipo nombrado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han sido un tiempo perdido.

"No se ha tomado ninguna nueva medida importante. Se ha vivido de la inercia de la etapa anterior. Y esto es como ir en bicicleta. Si te paras sigues circulando un tiempo, hasta que te paras y acabas en el suelo", explica Anna Ferrer, exdirectora del Observatorio de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus primeras declaraciones desde que dejó el cargo.

Es lo que ocurrió con los anteriores gobiernos del PP. José María Aznar accedió al Gobierno en 1996 con 3.905 muertos y en su último año completo, el 2003, lo dejó con 3.993, 88 más. El equipo encabezado por el exdirector general de Tráfico Pere Navarro, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, dejó a sus sucesores 1.484, menos de la mitad, tras implantar el carnet por puntos, modificar el Código Penal y, sobre todo, lograr un cambio de mentalidad de los conductores al coger el volante.

Navarro estaba dispuesto a continuar, pero Fernández Díaz prefirió a una especialista en salud pública afín a su partido, María Seguí. Esta consiguió una reducción modesta los dos primeros años llevando la cifra a 1.304 fallecidos, pero el 2014 ya solo bajó dos guarismos y el año pasado, seis. Estancamiento total.

Las vicisitudes sufridas por el nonato reglamento de circulación son una buena metáfora de lo que ha ocurrido esta legislatura. Los antecesores de Seguí dejaron listo un borrador que incluía la reducción de velocidad de 100 kilómetros por hora a 90, 80 o 70, según los casos, en las carreteras convencionales. Una medida clave, pero el nuevo equipo decidió cambiarla.

Primero, el ministro dio la orden, no compartida por Seguí, de aumentar los límites de velocidad en las autopistas. Luego, la directora general se empeñó en que los ciclistas de todas las edades llevaran casco en las ciudades. La oposición que estas medidas levantaron, incluso entre el resto de los ministerios, bloqueó durante meses la tramitación del reglamento. Cuatro años después se ha quedado en un cajón. Un estudio calculó que con la reducción de velocidad prevista se podían llegar a reducir 200 muertes al año.

"NO HA SIDO UNA PRIORIDAD" "Veníamos de una época donde la seguridad vial era una política de Estado. Rubalcaba se lo tomó muy en serio, tanto como el terrorismo, pero para Jorge Fernández no ha sido una prioridad, ha pasado a segundo plano", lamenta el presidente de la asociación estatal de víctimas de accidentes DIA, Francisco Canes, quien recuerda que los accidentes de tráfico siguen siendo la primera causa de muerte violenta de los españoles. "Seguí tiene una capacidad de diálogo e interlocución nulos y, además, ha actuado con las manos atadas a la espalda por el ministro", sentencia.

Ramón Ledesma, experto de la consultora Pons Seguridad Vial, coincide en que a lo largo de estos cuatro años "no se ha tomado ninguna medida estratégica ni se han marcado objetivos". Todo han sido "medidas aisladas" sin trascendencia. Muchas campañas publicitarias y aumento de los controles, que es positivo, pero ya no da para más.

La única medida que parece ir en la buena dirección es el plan de choque anunciado por el ministro el pasado jueves. "Los técnicos de la DGT han hecho un gran trabajo, pero si no va acompañado de nada más, quedará diluido", advierte Ledesma. El plan de Fernández Díaz incluye como medida estrella la instalación de bandas rugosas en la divisoria y los arcenes de 3.000 kilómetros de carreteras convencionales, las que están consideradas peligrosas. "Llega tarde y con el Gobierno en funciones", critica el presidente de la asociación DIA.