La europarlamentaria Jude Kirton-Darling, presidenta de la delegación de la Eurocámara que visita España para investigar los casos de bebés robados, solicitó ayer la creación de una fiscalía y un comité parlamentario especializado para poder esclarecer este «escándalo» que afecta a miles de personas.
Kirton-Darling ofreció una rueda de prensa para informar sobre la visita que esta delegación ha realizado durante dos días a España, con el fin de investigar las denuncias por casos de niños robados durante el franquismo y hasta los años noventa. Tras reunirse con representantes del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía, así como con víctimas, la eurodiputada señaló que estos encuentros «tienen una gran carga emocional», puesto que no se trata del «robo de un coche, sino del de miembros de una familia».
Expresado además que se han encontrado con perspectivas muy diferentes: por una parte, la «falta enorme de confianza» de los ciudadanos en que el Gobierno les facilite el esclarecimiento de los hechos; y, por otra, la de las instituciones, que les han trasmitido que están trabajando «de buena fe» en este asunto.
Ayer por la tarde se reunieron con representantes de la Conferencia Episcopal Española, a raíz de algunos denunciantes que afirman que la Iglesia católica les ha puesto «obstáculos» para acceder a los archivos eclesiásticos.
La eurodiputada británica explicó que, tras la visita, emitirán un informe (se prevé que sea antes del verano) con recomendaciones para que el Gobierno español y las autoridades judiciales tomen medidas para dilucidar estos casos y se sigan investigando, si bien no son vinculantes.
En esta delegación participan tres eurodiputados españoles, Rosa Estaràs (PP), Marina Albiol (IU) y Josep-Maria Terricabras (Esquerra Republicana), quienes han manifestado diferentes opiniones sobre la acción del Gobierno en favor del esclarecimiento del robo de bebés.
Así, Estaràs dijo que el Ejecutivo se «ha volcado» para poder esclarecer los hechos a la mayor brevedad posible, para lo que ha creado oficinas permanentes y una comisión de coordinación para que todos los datos -como cruces de ADN- contribuyan a ello. Añadió que en esta visita ha echado en falta un encuentro con representantes del Ministerio del Interior, que cree que puede arrojar más información.
Por su parte, Terricabras consideró que estas oficinas «son de información» y dijo que es una «vergüenza» que tengan que ser las víctimas las que tengan que acudir a ellas «y trabajarse su justicia» y no sea al revés. «Al Gobierno le veo con poco entusiasmo», apuntó, al tiempo que exigió un «trato digno» para las víctimas.
En esta línea se mostró Albiol, quien denunció que el Estado español «no investiga y pone trabas» para la resolución de estos casos, al tiempo que señaló que es una «auténtica vergüenza que tenga que venir Europa a investigar». Apuntó que «han encontrado que los casos se archivan por falta de pruebas o porque dicen que han prescrito», cuando cree que el Gobierno no ha facilitado un banco de ADN ni ha realizado una investigación rigurosa.
