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INGIRIÓ A TRAVES DE UNA PAJITA DOS FRASCOS DE MEDICAMENTOS

Un enfermo de ELA graba su suicidio para reclamar la eutanasia

Aseguró en el vídeo que de haber existido una ley de muerte digna habría «aguantado». José Antonio Arrabal dijo sentirse indignado por tener que morir en la clandestinidad

 

José Antonio Arrabal López, en su domicilio. - EL PAIS / BERNARDO PÉREZ

REDACCIÓN
07/04/2017

El suicidio de un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), conocido ayer, ha reabierto el debate sobre la necesidad de aprobar una ley de suicidio asistido y eutanasia que despenalice la «colaboración necesaria» para que una persona pueda poner fin a su vida por decisión propia.

José Antonio Arrabal fue diagnosticado en el 2015 de esta enfermedad degenerativa e incurable. El enfermo se suicidó delante de una cámara de vídeo «indignado» por «tener que morir en la clandestinidad», según dijo textualmente, reclamando el suicidio asistido y la eutanasia. El diario El País reprodujo posteriormente esa grabación. Arrabal llevaba meses planeando su muerte y la llevó a cabo el 2 de abril. Lo hizo ingiriendo a través de una pajita dos frascos de medicamentos que compró por internet, aprovechando que su familia no estaba en casa.

Al igual que ocurre con todos los suicidios, el juez intervendrá para descartar que se haya cometido un delito, según ha explicado el doctor y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín. El jurista Ignacio Fernández Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, ha confirmado a su vez que, tras la muerte de Arrabal, «se abren unas diligencias penales para investigar si los hechos pueden ser constitutivos de delito, es decir, si alguien ha podido colaborar o cooperar en el suicidio de esta persona».

El Código Penal establece pena de prisión para «el que cause o coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufra una enfermedad grave que condujera necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar». Arrabal «conservaba cierto grado de autonomía, la suficiente como para proveerse de los medios y llevar a cabo su decisión de morir de forma autónoma», por lo que, «no hay ninguna duda sobre la participación de un tercero» que pueda suponer un delito y el caso será sobreseído, opina Marín.

Precisamente, hace una semana que el Congreso dio luz verde a la tramitación de una proposición de ley de Ciudadanos que permita garantizar la dignidad de los pacientes en el proceso final de su vida.