Las deficiencias detectadas por la investigación del Consejo de la Enfermería podrían constituir una vulneración de la ley de prevención de riesgos laborales y de otros dos decretos sobre bioseguridad, por lo que los responsables de la organización entregarán el documento a la fiscalía.

También darán todo su apoyo a los enfermeros que decidan denunciar su caso individual ante los tribunales.

En la investigación han colaborado ocho profesionales de enfermería del hospital Carlos III y otros 12 del de Alcorcón, el que atendió durante 16 horas a Teresa Romero en los primeros momentos tras detectarse los síntomas iniciales de la enfermedad.

De la futura instrucción se podrían derivar responsabilidades penales (hasta tres años de cárcel), patrimoniales y en el ámbito laboral.

La Fiscalía de Madrid ya abrió diligencias de oficio, a las que sumó una denuncia presentada por el Sindicato de Auxiliares de Enfermería. Un grupo de 18 intensivistas de La Paz-Carlos III demandaron a su director ante el juez.

aseguraron ayer que los trajes "estaban por encima en seguridad de lo exigido". Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el contacto directo con los infectados lo protagonizan casi en exclusiva los enfermeros y los auxiliares. González dio ayer un dato revelador. De las 108 veces que se entró en la habitación del primer misionero, 102 lo hizo el personal de enfermería.

DEFICITS QUE PERSISTEN El Consejo reconoce que desde que el comité presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tomó el mando "la situación ha mejorado", sobre todo en el hospital Carlos III, pero denuncia que el material y la formación de los hospitales de las diferentes comunidades autónomas es aún insuficiente.

Respecto a las responsabilidades políticas, los enfermeros eludieron pronunciarse, salvo en un caso, el del consejero de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, que vertió duras críticas sobre Romero.

"Creo que el máximo responsable de Sanidad en una comunidad lo último que puede hacer es acusar a un enfermo. Esto es inaceptable. Cuando además ese enfermo es profesional del sistema y de forma voluntaria ha tomado una decisión que le puede estar costando la vida, es difícil de entender que siga siendo el máximo responsable de la Sanidad madrileña. No tiene perdón de Dios. Para nosotros es una ofensa y una inmoralidad. Por eso exigimos su dimisión", se explayó el máximo representante de los colegios de enfermeros.