Ni un solo apoyo fuera de sus filas. El PP tuvo que echar mano ayer de su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para sacar adelante el decreto que recorta la sanidad pública con el objetivo de ahorrar 7.000 millones de euros. Todos los grupos, incluido el de CiU, se unieron en bloque para rechazarlo por el cambio de modelo sanitario, hasta ahora universal, que supondrá al exigir "ser asegurado" y cotizar a la Seguridad Social para tener derecho a atención, y por la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes simpapeles a partir del 1 de septiembre.
El decreto también incluye copagos en el terreno farmacéutico por parte de los pensionistas, y otros más polémicos en prótesis y otros productos dietoterápicos y transporte sanitario no urgente. Estas medidas y la apertura a dejar de financiar muchos medicamentos de uso común desataron las críticas de la oposición, a pesar de que la ministra de Sanidad, Ana Mato, se empeñó en defender que estos sacrificios garantizarán la viabilidad del sistema, que acumula una deuda de 16.000 millones, sin tener que recurrir al copago sanitario.
El portavoz socialista y exsecretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, fue especialmente duro con el decreto, al que calificó de "chapuza jurídica" y consideró "una puerta abierta a la privatización". Acusó a Mato de llevar a cabo una "política cobarde" al dejar fuera a los inmigrantes y la tildó de "incompetente". "Hace un planteamiento xenófobo, carente de toda ética política y acabará dañando la salud de los ciudadanos", remachó.
La ministra Mato le acusó de emplearse con demagogia y defendió que "no se puede tratar igual a los inmigrantes que viven con todas las de la ley que a los lo hacen en situación irregular".
El diputado de ERC Joan Tardá también fue inflexible: "El decreto entierra la obra de Ernest Lluch, desguaza el sistema público y recorta tanto dinero como da a los bancos. Es un verdadero atraco social". Contxita Tarrruella, portavoz de CiU, cuyo respaldo el Ejecutivo intento lograr hasta última hora, fue más comedida e incluso comprensiva con el copago de medicamentos, pero tachó el decreto de "poco claro e involucionista" y denunció que quita las competencias a las comunidades autónomas.
Emilio Olabarría, del PNV,y Gaspar Llamazares, de IU, sumaron críticas al decreto que consideran "presuntamente inconstitucional" y "desalmado" al establecer copagos para los más débiles y desfavorecidos, como los pensionistas y enfermos crónicos.
MEDIDAS DOLOROSAS El PP también sacó adelante, con su mayoría absoluta, el decreto que recortará otros 3.000 millones en educación con los aumentos de las horas lectivas de los profesores, del número de alumnos por aula y de las tasas universitarias (hasta un 66%). El ministro de Educación, José Ignacio Wert, alegó que "son medidas excepcionales" y "más dolorosas de lo que hubiera querido el Gobierno", pero necesarias para aliviar el déficit de las comunidades autónomas. No obstante, matizó que tendrán un margen flexible para aplicarlas.
Los grupos de la oposición coincidieron en denunciar que la norma invade competencias y que este nuevo recorte se suma al de 663 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. El portavoz socialista y exsecretario de Estado de Educación, Mario Bedera, fue el más combativo. "Es la mayor agresión a educación pública de la historia de la democracia", subrayó. A modo de ejemplo, Badera vaticinó que el decreto provocará el despido de más de 40.000 profesores.
