Con el fin de aliviar los saturados tribunales y cumplir el principio de intervención mínima del derecho penal, Justicia suprimirá las faltas. Se calificarán como delitos menores aquellas merecedoras de reproche penal --sin agravar las penas--, otras se perseguirán administrativamente y unas terceras, en desuso, directamente se suprimirán.

En el caso del hurto, ahora una falta, se sustituirá por un delito leve que se castigará en los casos en los que lo sustraído no supere los 1.000 euros, aunque para fijar el límite se tendrá en cuenta la capacidad económica de la víctima. Además, para frenar a los carteristas, el Ejecutivo ha importado el agravante de "profesionalidad", que ya existe en otros países. En la última reforma del Código Penal, para hacer frente a la multirreincidencia, se consideró que tres faltas computasen como un delito, pero la fórmula "no ha tenido mucho éxito", según admiten fuentes de Justicia. De ahí que ahora se pretenda castigar con penas de uno a tres años de prisión e, incluso, en los casos más graves, con penas de entre dos y cuatro años, a los delincuentes que la policía considere que son profesionales. Es decir, que han echo de los pequeños robos su forma de vida. Además, el robo con violencia se agravará en el caso de los delitos cometidos en establecimientos abiertos al público.