Impedir un desahucio, alterar gravemente el orden público en las proximidades del Congreso, escalar un monumento, acampar en la Castellana o ocupar una entidad bancaria serán a partir de mañana motivo de sanción, de 100 a 600.000 euros, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Calificada como ley mordaza y cuestionada por toda la oposición y las organizaciones sociales, el texto que se aplicará a partir del 1 de julio culmina una andadura de año y medio desde que el Ministerio del Interior lo presentara en noviembre como su proyecto estrella de la legislatura.

Y aunque ha sido suavizado en su tramitación parlamentaria, rebajando incluso la gravedad de algunas conductas que sanciona, la ley salió finalmente de las Cortes con el solo apoyo del PP, el anuncio de derogación si otros partidos llegan al poder y con un recurso ya presentado de inconstitucionalidad. Pero también con uno de los aspectos más polémicos que la oposición tampoco logró frenar: la legalización de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes a través de una disposición adicional que modifica la Ley de Extranjería.

Entre las infracciones muy graves, con multas de 30.001 a 600.000 euros, se encuentra manifestarse sin comunicarlo en lugares "críticos" como centrales nucleares o aeropuertos, invadirlos o sobrevolarlos. Entre las graves (multas de 601 a 30.000 euros) destacan las manifestaciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad, así como los desórdenes graves en vía pública y las barricadas. También se sancionará impedir la ejecución de desahucios ordenados por un juez.