La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas ha dado luz verde este martes al informe que sentará las bases de la futura ley del alcohol y que propone numerosas medidas para conseguir el "consumo cero" hasta los 18 años, como la de multar a los padres de los menores que beban, acabar con el botellón o la obligación de jóvenes a 'soplar' si consumen en la calle.
El informe ha salido adelante casi por unanimidad: 34 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones de ERC y PNV. Su contenido, muy completo y exhaustivo, satisface a los expertos en la lucha contra la adicción al alcohol, pero su traducción en un ley queda, a partir de ahora en manos, del Ministerio de Sanidad. Éste se ha comprometido a tener tramitado el correspondiente proyecto de ley en el Congreso antes de que finalice el año.
El papel de la industria
Ante las dudas que puedan surgir sobre la voluntad del ministerio de llevar a cabo las medidas propuestas por el Congreso, la diputada conservadora y presidenta de la comisión, Carmen Quintanilla, se ha mostrado convencida de que el Gobierno "se hará eco y recogerá la totalidad del informe" al tratarse, ha dicho, de "un acuerdo de mínimos" con un apoyo muy mayoritario.
La parlamentaria popular también ha asegurado que "la industria" apoya también el informe, pese a que algunos de sus portavoces mostraron discrepancias sobre las multas a los padres y la inserción de advertencias en el etiquetado sobre los efectos del alcohol sobre la salud. Su actitud es clave, dado que el lobi del alcohol logró torpedear los cuatro intentos anteriores de limitar por ley el consumo.
Licencia específica
Dado el alto grado de acuerdo, apenas ha habido debate. Ni siquiera sobre las enmiendas de última hora que Ciudadanos y los socialistas han propuesto introducir en el texto y que han salido adelante. El partido naranja ha introducido la creación de una licencia específica para todos aquellos establecimientos que quieran vender alcohol, la separación del alcohol del resto de productos en los supermercados y la obligatoriedad de derivar a los servicios psicosociales a los menores atendidos en hospitales por abusar de la bebida.
El PSOE ha garantizado en una de sus enmiendas una financiación suficiente para los planes que prevé el informe, independientemente de que la recaudación procedente del aumento de los impuestos especiales revierta en estos programas.
Podemos discrepa de las multas
Aunque también ha votado a favor del informe, Unidos Podemos ha mostrado su discrepancia en el capítulo que prevé sancionar a los padres y ha anunciado que votará en contra si se incluye en el proyecto de ley. Su portavoz en la comisión, Tania Sánchez, ha afirmado que su grupo es más partidario de "las medidas reeducativas". El informe ya establece que las sanciones podrían se sustituidos por trabajos en favor de la comunidad y programas de reeducación para los menores y sus familias.
