Todos los grupos parlamentarios excepto el PP y UPN del Grupo Mixto apoyaron ayer en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley promovida por Podemos contra la discriminación del colectivo LGTBI. De los 326 votos presenciales y dos telemáticos emitidos, 202 han sido a favor de la toma en consideración de la propuesta, dos en contra y 124 abstenciones.

La iniciativa de la formación morada «para construir una sociedad más diversa, rica y justa» seguirá así su trámite parlamentario, para el que el PP ya ha anunciado una enmienda a la totalidad con la presentación de texto alternativo y PSOE, Ciudadanos y PNV, entre otros, enmiendas parciales.

En su defensa de la propuesta, la diputada de Podemos Mar García Puig resaltó que es una ley «ambiciosa y pionera» y está «destinada a cambiar la vida de millones de personas en España y todo el mundo». Criticó que el PP no se una al resto del Congreso después de que los populares Javier Maroto y Andrea Levy se comprometieran a apoyar esta ley el pasado julio, durante la celebración del Orgullo Mundial en Madrid.

REASIGNACIÓN SEXUAL / Entre otros puntos, la propuesta de ley recoge que, a partir de los 16 años, los menores transexuales y transgénero puedan acceder a la reasignación sexual quirúrgica sin consentimiento paterno o que, desde la pubertad, puedan ser tratados hormonalmente. También busca que el colectivo sea nombrado y tratado de acuerdo con la identidad de género manifestada, aunque sean menores de edad, o que en los centros educativos puedan exteriorizar su identidad de género. Propone que las personas transexuales y transgénero sean consideradas en toda la legislación laboral como personas en riesgo de exclusión social.

Precisamente alguno de estos aspectos han sido criticados por los distintos grupos. Según la diputada popular Marta González, que expresó su «rotunda oposición» al proyecto de ley, es «inadmisible» que los menores puedan cambiar de sexo sin permiso paterno o medicarse hormonalmente a partir de la pubertad. Lo calificó de «chapucero», con «faltas de ortografía» y criticó que pretenda derogar artículos que ya no están en vigor e incurra en vulneración de algunos derechos.

Desde el PSOE, Dolores Galovart afirmó que la proposición es un «punto de partida» que requiere «mejoras técnico jurídicas» y apostó por un «país más decente, donde se reconozca el derecho a ser diferente, sin diferencia de derechos».

Patricia Reyes (Ciudadanos) dijo que el documento tiene puntos positivos, pero que algunos discriminan a otros colectivos que no son LGTBI y varios «pecan de inseguridad jurídica» e incluso, resaltó, que la ley «podría ser inconstitucional». Más crítico ha sido UPN, que cree que los nuevos derechos que contempla la ley para el colectivo LGTBI generan «abusos e injusticias».

A la toma en consideración de esta propuesta en la Cámara baja han asistido representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), que han colaborado en la redacción del texto; y sindicatos como CCOO, que han instado a los políticos a acabar con la discriminación y la LGTBIfobia.